España impulsa una ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo bajo la Estrategia 2030. Requisitos, plazos y cómo se financiará esta nueva prestación
Actualidad Sala de redacción
El Consejo de Ministros ha dado un paso estratégico este martes al integrar en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 la futura prestación universal por crianza.
Esta medida, una de las banderas políticas de Sumar, plantea una transferencia directa de 200 euros mensuales (2.400 euros anuales) por cada menor de 18 años, independientemente del nivel de renta de la unidad familiar.
El objetivo es equiparar a España con otros socios europeos, estableciendo la crianza como un derecho garantizado, similar al acceso a la sanidad o la educación pública.
La iniciativa, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca no solo fomentar la natalidad en un contexto demográfico crítico, sino asestar un golpe definitivo a la precariedad económica de los hogares.
El ministro Pablo Bustinduy ha defendido la urgencia de esta ayuda, calificándola como la herramienta más potente para transformar la estructura social del país.
"Espero que vea la luz cuanto antes porque su impacto será altísimo", ha subrayado Bustinduy, vinculando la efectividad de la medida a un modelo fiscal que sea "redistributivo, progresivo y justo".
Para sufragar el elevado coste de esta renta universal, el departamento de Consumo propone una vía de financiación nítida: la creación de un impuesto específico para los ultrarricos.
La propuesta técnica sugiere gravar con un 2% anual los patrimonios que superen los 100 millones de euros. Según las estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, esta figura impositiva permitiría recaudar aproximadamente 5.200 millones de euros anuales en España, fondos que se destinarían íntegramente a blindar la protección de la infancia.
En términos de impacto social, las proyecciones son ambiciosas. Los cálculos de la cartera de Derechos Sociales sugieren que esta prestación podría reducir la pobreza infantil a la mitad.
Actualmente, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope) se mantiene estancada en un preocupante 25% en España.
Según datos de UNICEF, una ayuda de esta magnitud permitiría que más de 530.000 menores abandonen la situación de vulnerabilidad, duplicando los efectos que tendría una prestación de cuantía menor.
Históricamente, España ha mantenido un sistema de ayudas a la infancia fragmentado y condicionado a umbrales de ingresos muy bajos, como el actual Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).
A diferencia de los modelos de países como Alemania o Dinamarca, donde las ayudas por hijo son universales, el modelo español ha dependido de deducciones fiscales para madres trabajadoras o prestaciones por nacimiento.
Esta nueva propuesta busca romper esa inercia, transformando la ayuda en un pilar del Estado de Bienestar que no discrimine por la situación laboral o económica de los progenitores.
Sin embargo, el calendario de aplicación se enfrenta a la realidad parlamentaria. El Ministerio de Derechos Sociales pretendía incluir la partida en las cuentas públicas de 2025 o 2026, pero la falta de acuerdo político para aprobar los Presupuestos Generales del Estado ha desplazado el foco hacia la Estrategia 2030 para blindar el compromiso internacional.
Los requisitos para acceder a ella, una vez se apruebe, serán mínimos: residencia legal en España, empadronamiento y la presentación de la documentación básica como el libro de familia y el DNI de los tutores.
Con información de La Vanguardia
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