El Gobierno aprueba blindar el derecho al aborto en la Constitución

El Ejecutivo español ha dado un paso decisivo en su agenda legislativa al aprobar en segunda vuelta el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución. Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental blindar la interrupción voluntaria del embarazo, elevándolo a una garantía constitucional que obligue a los poderes públicos a asegurar su ejercicio en la red sanitaria pública.

Tras recibir el aval del Consejo de Estado, que califica la propuesta como plenamente "constitucional", el texto inicia ahora un periplo parlamentario donde la aritmética política se presenta como el principal obstáculo.

La propuesta introduce un nuevo punto 4 en la Carta Magna, especificando que las autoridades deben garantizar este derecho en condiciones de "igualdad real y efectiva".

Según la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, esta medida no solo reconoce la autodeterminación de las mujeres, sino que actúa como un muro de contención frente a posibles "dinámicas regresivas" que amenacen los avances logrados en las últimas décadas.

La reforma busca asegurar que el acceso a la prestación no dependa del código postal de la paciente, reforzando la cohesión territorial en materia de salud reproductiva.

Las cifras actuales del sistema sanitario sostienen la urgencia de esta modificación, según el Ministerio de Igualdad. La ministra Ana Redondo ha subrayado una preocupante asimetría: el 79% de las interrupciones del embarazo se derivan hoy a centros privados, mientras que solo el 20% se asumen desde la sanidad pública.

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"Estamos blindando la dimensión prestacional", ha insistido Redondo, señalando que el verdadero riesgo reside en que la cartera básica de servicios del Estado no logre cubrir de manera efectiva un derecho que ya es fundamental en la práctica jurídica.

El procedimiento para modificar la Ley Fundamental exige una mayoría cualificada de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Esta realidad aritmética otorga al Partido Popular una llave de oro, dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Si el consenso inicial fallara, el Ejecutivo contempla la creación de una comisión paritaria que redacte un nuevo texto, aunque incluso en ese escenario se requeriría una mayoría absoluta en el Senado y dos tercios en el Congreso, haciendo indispensable la participación de la oposición.

Este movimiento legislativo se produce en un contexto de polarización política donde las reformas constitucionales han sido históricamente escasas, requiriendo tradicionalmente grandes pactos de Estado para ver la luz.

A pesar del obstáculo parlamentario, el Gobierno confía en que las fuerzas políticas "estén a la altura" de lo que consideran una demanda social mayoritaria. La reforma no solo pretende asegurar la prestación médica, sino también consolidar la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional.

Con esta maniobra, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez reafirma su intención de dar "la batalla" ideológica y jurídica, elevando la protección de los derechos reproductivos al máximo nivel normativo del ordenamiento español.

Con información de EFE