Nuevas políticas ambientales en España

Presidentes de varios países y diversas organizaciones internacionales han volcado su atención hacia el cambio climático y sus efectos.

En la actualidad, se llevan a cabo debates que buscan crear las mejores normativas para la preservación del medio ambiente, así como la capacidad de afrontar las consecuencias de fenómeno climático.

En España, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico planteó el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, que fue aprobado por el Consejo de Ministros y tiene como objetivo lograr una nación más eficiente capaz de prever y prevenir los efectos del cambio climático.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay más de 30 millones de ciudadanos sufriendo de manera directa los efectos del cambio climático.

“Un escenario de cambio climático con efectos tan visibles como la expansión de los climas semiáridos, el alargamiento de los veranos (cinco semanas más que a comienzos de los años 80), más días de calor y noches tropicales o el aumento de la temperatura superficial del Mediterráneo de 0,34 °C por década”.

De acuerdo con AEMET, los datos muestran que las grandes ciudades y la costa mediterránea sufren los efectos especialmente intensa, lo que les convierte en entornos vulnerables ante el cambio climático.

En algunos casos, este el impacto climático guarda relación con la economía nacional, específicamente en sectores como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, las cuales dependen directamente del clima.

Políticas ambientales de España

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2022) enumera sus programas de trabajo:

– Desarrollar las líneas de acción definidas en el PNACC.

– Identificar medidas prioritarias, teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado a los diferentes impactos del cambio climático.

– Ejecutar seguimiento y evaluación de las organizaciones colaboradoras e incluir indicadores de cumplimiento de las medidas definidas.

Una de las seis medidas propuestas por el Gobierno para combatir el cambio climático es la descarbonización total de la economía española para 2050.

En el anteproyecto se explica que, como incentivo a la economía baja en carbono, se empezará a exigir que 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) estén dirigidos a la atención del cambio climático y los resultados serán analizados al alza antes de 2025.

Los ingresos de todas las subastas de derechos de emisión de GEI estarán destinados al cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático.

Esto significa que las grandes empresas como bancos, aseguradoras y sociedades de gran impacto económico, tendrán la obligación de realizar un informe anual donde se evalúe las consecuencias financieras de los riesgos asociados al cambio climático.

Asimismo, el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercados (CNN), la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones cada dos años debe evaluar los riesgos para el sector financiero ocasionados por cambio climático, con destino al Congreso de Diputados.