Barcelona instalará más cámaras en las calles para prevenir el delito

El Ayuntamiento de Barcelona instalará más cámaras de videovigilancia en las calles de la ciudad para prevenir el delito. La medida es una vieja reivindicación de los cuerpos policiales, que echan en falta más ojos para atrapar a los delincuentes, ya sea para disuadirlos o para utilizar las imágenes como prueba en un futuro proceso judicial.

La propuesta lleva años en barbecho y el gobierno municipal ha dado la directriz política de llevarlo a cabo antes de que se acabe el mandato. Considera que es una medida estratégica para poder disponer de una herramienta adicional para combatir el crimen y mejorar la percepción de seguridad, que es la principal preocupación de los barceloneses según todas las encuestas.

Según las fuentes consultadas, Barcelona presenta un déficit de videovigilancia respecto de otras ciudades europeas de un tamaño similar. La capital catalana cuenta ahora mismo con 160 cámaras, mientras que una ciudad de dimensiones similares, y también con salida al mar, como la francesa Niza dispone de 3.000 cámaras en sus calles.

160 cámaras para vigilar el espacio público

La medida todavía está en fase de estudio y aún no se ha determinado el número total de cámaras que se instalarán ni su ubicación, pero los impulsores del proyecto señalan que el déficit es considerable y que Barcelona va muy por detrás en materia de videovigilancia policial. La idea con la que se trabaja es la de instalar las cámaras en calles oscuras, estrechas o que sean puntos recurrentes de conflicto y necesiten un plus de vigilancia. En el centro de Barcelona, donde hay más aglomeraciones y concentración de personas, se da por descontado que habrá más.

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El objetivo que persigue la medida es doble. Por un lado, disuadir a los delincuentes de cometer un hecho delictivo. La presencia de una cámara conlleva que los amigos de lo ajeno perciban que les están grabando y se frenen o les ahuyente para marcharse a otro sitio. Los impulsores del proyecto sostienen que las cámaras tienen efectos positivos en la reducción de la delincuencia. Y citan Londres, donde la presencia de cámaras ha ayudado a contener el crimen.

El otro efecto que busca el Ayuntamiento es que las imágenes sirvan de prueba forense que permita identificar al malhechor, detenerle y asegurar una condena en un futuro juicio.

Una medida que comenzó a aplicarse en la plaza Orwell

La primera cámara de videovigilancia en Barcelona se instaló en el año 2001 en la plaza George Orwell, en el barrio Gòtic. Su instalación provocó un airado debate sobre el derecho a la intimidad. Provocó tantas críticas y rechazo que las primeras cámaras fueron vandalizadas hasta que se convirtieron en parte del paisaje del corazón del Gòtic de Barcelona. Fue paradójico que la plaza dedicada al autor de la imprescindible obra 1984, que advertía de los peligros del Gran Hermano, albergara las primera cámara.

Sin embargo, esto no significa que detrás de cada cámara haya un agente de policía mirando todo lo que sucede. La videovigilancia se utilizará como complemento al patrullaje humano. Las cámaras no sustituirán al personal sino que se emplearán como medida de refuerzo. Por ejemplo, el día que los Mossos y la Guardia Urbana decidan, como han hecho últimamente, poner en marcha un dispositivo especial contra las armas blancas en las calles.

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Además del despliegue de agentes que revisarán los bolsillos de los sospechosos, habrá policías destinados a un centro de vigilancia observando el entorno a través de las cámaras.

El proyecto está liderado por la gerencia del Ayuntamiento, se encuentra en fase de estudio y para implementarse hace falta el beneplácito de la Comisión de Videovigilancia, que está encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Será el presidente el que establezca los límites, el abordaje de la intimidad y los lugares en los que se pueden instalar las cámaras.

En la comisión participarán también representantes de la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Protección de Datos. La comisión se reúne a puerta cerrada una vez al mes con los miembros y ponentes que previamente se han repartido y estudiado las solicitudes. Sus decisiones son vinculantes y notificadas por la dirección general de Administració de Seguretat (DGAS).

Cada petición que realiza un ayuntamiento viene acompañada de un detallado informe policial en el que se debe acreditar la necesidad de la presencia de la cámara para mejorar la prevención y la actuación policial.

Con información de La Vanguardia