Barcelona: la fiscal pide hasta 11 años de cárcel para la primera trama de pisos turísticos ilegales

Once personas son juzgadas estos días acusadas de alquilar entre el 2017 y el 2020 alrededor de 50 pisos para luego subarrendarlos por días a turistas a través de Airbnb. Al parecer de este modo pudieron hacerse con alrededor de 600.000 euros.

Este jueves se celebró la penúltima sesión del juicio –todo apunta que acabará el próximo lunes– y la Fiscalía decidió reclamar penas más duras para los acusados. Después de escuchar el testimonio de los cincuenta propietarios afectados, la fiscal consideró que había quedado probado que nueve de los procesados –excluyó a dos de ellos– formaron parte de un grupo criminal que tenía como objetivo subarrendar las viviendas que alquilaban.

Y cuando eran descubiertos ejercían toda la presión necesaria sobre los propietarios para evitar que los denunciaran, ya fuera por medio de amenazas como por extorsiones. Por eso, subió la petición de pena para los principales acusados.

Miles de inquilinos preocupados por la actualización los contratos de alquiler a partir de enero

Para Andriy B, de nacionalidad ucraniana y considerado el líder de la banda, que se enfrentaba a 9 años de cárcel, ahora pide 11 años; el padre de él, Ihor B., para quien reclamaba 7 años, se enfrenta a 9, y para su madre, que pedía 5, ahora solicita 8. A todos les atribuyen los delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, extorsión y coacciones.

Los sospechosos subarrendaban las viviendas por Airbnb

'La Vanguardia' dio cuenta en sus momento de buena parte de estas actividades. Este es uno de los primeros grupos organizados dedicados a estas prácticas en Barcelona, todo unos pioneros del sector. Los nombres de algunos de sus miembros aún estremecen a muchos propietarios de la ciudad. A Nadia, todavía la recuerdan como una joven la mar de amable, simpática y dicharachera, y encima con una buena nómina, la inquilina ideal.

La Fiscalía también le ha subido la petición de pena y ahora se enfrenta a diez años de prisión. Esta joven era una de las encargadas de engatusar a los propietarios hasta la firma del contrato. En apenas un mes podía arrendar tres pisos.

Luego, sin embargo, en muchas ocasiones, esta organización dejaba de pagar la renta y explotaba las viviendas de una manera sistemática, atestándolas de literas, concretamente de un modelo a la venta en Ikea por aquellos años muy económico. La gente no sabía qué hacer. Todo era muy novedoso. Y si unas cuantas excusas y algún pago suelto no bastaban para mitigar las quejas de los propietarios, otros miembros de esta organización se mostraban mucho más severos.

Las claves de la nueva empresa pública de vivienda

Fuentes municipales señalan que los inspectores del Consistorio llegaron a tramitar alrededor de cuarenta sanciones y precintos contra esta trama.

Pero estas medidas no los frenaron. Estaban convencidos de que nadie podía hacer nada contra ellos, que su supuesta insolvencia garantizaba su impunidad, que podían capear todas las multas de carácter administrativo que les pusiera el Ayuntamiento. Pero los ecos de tantas víctimas desencadenaron las investigaciones de los Mossos d’Esquadra.

Las detenciones se produjeron en julio del 2020, en plena pandemia. Entonces, ante la bajada del turismo, estaban pasándose al alquiler de tempo­rada.

Estos grupos suelen recurrir las sanciones hasta empantanarlas en contenciosos administrativos

A buen seguro que estos días los letrados de los asiáticos economistas, los suecos de origen sudamericano y los rusos que se hacen pasar por expats están muy al tanto de este juicio. Hablamos de las tres organizaciones presuntamente dedicadas al alojamiento turístico clandestino en estos momentos más activas en la ciudad. Desde los tiempos de Nadia y los suyos este turbio negocio evolucionó mucho.

Las prácticas de las 11 personas que se están juzgando ya no se estilan. De un tiempo a esta parte los reyes del realquiler turístico prefieren pagar las rentas de una manera regular, jamás levantan la voz, siempre tratan de mostrarse muy conciliadores... y de este modo tratan de que sus actividades no desencadenen acciones penales. Entretanto recurren una y otra vez todas las multas que les pone el Ayuntamiento, hasta empantanarlas en larguísimos y farragosos contenciosos administrativos.

Con información de La Vanguardia