Miles de inquilinos preocupados por la actualización los contratos de alquiler a partir de enero

El tiempo se agota para los inquilinos que tienen que revisar a partir del 1 de enero sus contratos de alquiler en vigor. Ese día debería estar operativo el índice que servirá como guía para actualizar el precio de las rentas y miles de arrendatarios y caseros aguardan a su publicación para saber cómo tendrán que proceder a partir de entonces.

El índice es una de las herramientas incluidas en la Ley de Vivienda para intentar contener las subidas de los alquileres, pero casi dos años después de la aprobación de la norma en el Congreso, todavía sigue siendo una incógnita.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha sido el encargado de prepararlo durante meses y según confirma a El Mundo, se encuentra «ultimando» el indicador para hacer su puesta de largo «en breve». En cualquier caso, aseguran que será antes de final de año, cumpliendo así con lo prometido por el Ejecutivo.

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Desde el Ministerio de Vivienda también confían en poder presentar la propuesta antes del 31 de diciembre, conscientes de que muchos contratos y sus titulares están pendientes del indicador para concretar las posibles subidas de rentas.

La Ley por el Derecho a la Vivienda establece en su disposición adicional undécima que el INE definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, que se fijará como límite con el objeto de evitar incrementos desproporcionados.

La idea del índice en cuestión surgió tras el impacto de la crisis inflacionaria de hace algo más de dos años. Hasta ese momento, la actualización de las rentas a pagar se hacía utilizando el IPC del mes anterior.

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), cada vez que el contrato cumple un año durante su periodo de vigencia (5 o 7 años, según sea pequeño o gran casero) y siempre que la cláusula esté incluida en el contrato, el propietario puede actualizar el precio de la renta para adaptarla a la economía actual.

La LAU no especifica qué índice se debía utilizar para realizar la actualización, pero sí que nunca podría superar al IPC, de ahí que éste se haya utilizado tradicionalmente para hacer el cálculo.

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La crisis inflacionaria desatada con la guerra de Ucrania provocó que el IPC subiera exponencialmente cada mes, llegando incluso a situarse por encima del 10% en el verano de 2022. Ante esa evolución, el Gobierno decidió introducir un cambio de urgencia y obligar a calcular las actualizaciones en base al IGC, el Índice de Garantía de Competitividad que tiene como límite el 2%; para todo 2024, ese límite ha sido del 3%, pero el año llega a su fin y con él, los topes.

El índice que prepara el INE debe tomar el relevo a partir del 1 de enero, si bien se desconoce hasta ahora en qué consistirá o en base a qué criterios se elaborará. Se espera, en cualquier caso, que permita controlar la subida desorbitada de los precios que tienen que pagar los inquilinos y, al mismo tiempo, paliar la pérdida de poder adquisitivo de los caseros por el efecto de la inflación, que es una de las principales reivindicaciones de los propietarios en los últimos años.

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Ahora bien, éste no es el único cambio que aguarda el sector inmobiliario a partir de las campanadas. Con el nuevo año termina también la norma que permite cambiar de una hipoteca variable a una fija o mixta sin pagar comisiones, así como la supresión de las comisiones por amortización total o parcial.

Dicha medida fue adoptada en noviembre de 2022 y se pactó previamente entre entidades bancarias y el Ministerio de Economía en el marco de la renovación del Código de Buenas Prácticas.

El objetivo era aliviar a las familias con hipotecas variables ante el aumento de las cuotas mensuales, que se encarecieron con la subida de los tipos de interés y el Euríbor. En apenas un año, este indicador pasó de negativo a superar el 4%, con el impacto que eso supuso para los préstamos variables en vigor.

Quedan, pues, apenas tres semanas para poder cambiar las condiciones la hipoteca dentro de la misma entidad o a otra entidad diferente sin costes.

Tras el final de año y salvo que el Gobierno decida prorrogar la medida -algo que por ahora no ha trascendido-, se volverá a establecer el techo del 0,05% que limita las comisiones en los cambios de préstamos y el consumidor tendrá que asumirlo. Es decir, tendrá que abonar el 0,05% de la deuda pendiente.

Con información de El Mundo