Ábalos denuncia a la UCO ante la Fiscalía por interceptar su correspondencia

El exministro José Luis Ábalos denuncia a la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado porque dice que, durante la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional, "interceptaron" su correspondencia, a pesar de ser diputado y, por tanto, aforado ante el Tribunal Supremo.

Asímismo, el exministro ha aseverado que la Unidad Central Operativa (UCO) ha vulnerado su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Ábalos ha considerado que este comportamiento de la UCO "está violentando a un representante electo que goza de aforamiento" y por eso ha presentado una denuncia.

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Además, afirma que se niega a "normalizar una práctica de este tipo", que ha llamado "investigación extrajudicial", cuando los agentes encargados, en su opinión, eran conocedores de que él es diputado.

El exministro ha insistido en que la investigación en su contra que ahora va a instruir el Supremo —el juez ya ha anunciado que pedirá el suplicatorio al Congreso— "quedará en nada" y ha reiterado que no ha habido contratos irregulares y que no ha cobrado comisiones ilegales porque "no ha habido enriquecimiento" por su parte.

Sin descartar "más actuaciones" en función de los "indicios" que vea en la documentación de la causa del Tribunal Supremo, Ábalos ha asegurado que en el oficio por el que ha puesto la denuncia se detalla "claramente" que la Guardia Civil puso en marcha un operativo el 4 de noviembre de 2023 para "interceptar" una comunicación del hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, dirigida a él con el objetivo de "mirar la documentación contenida" y tomar fotos de su domicilio y del mensajero.

"La unidad de seguimiento se quedó en la puerta de mi casa, haciendo vigilancia y esperando a que saliera, fotografiarme y sacar fotos de mi vehículo", ha apuntado el exministro, que ha asegurado que "en definitiva, están violentando a un representante electo". 

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"Me niego a que esto sea normal porque, si somos capaces de abstraernos de los personajes y de la valoración que podamos merecer, hay un hecho muy grave: una investigación al margen de una autorización judicial", ha plasmado.

Así mismo, ha reclamado saber desde cuándo ha sido investigado, algo por lo que -según ha dicho- ya ha preguntado varias veces sin obtener una respuesta.

"Cuando alguien dice que si estamos en Venezuela, me hace gracia. Esto no es asumible. Por más que nos desagraden los personajes afectados, esto no es asumible desde el punto de vista de la calidad democrática", ha abundado el diputado.

La denuncia, a la que ha tenido acceso 20minutos, apunta a la comisión de un delito de "interceptación de correspondencia privada" penado en el artículo 535 del Código Penal, lo que supondría la inhabilitación de dos a seis años a cualquier autoridad o funcionario público que hubiera incurrido en el mismo.

"La correspondencia privada solo puede ser abierta por terceras personas cuando exista de forma inequívoca el consentimiento del destinatario, o bien, autorización judicial conforme con lo regulado en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", describe el texto.

Con información de 20minutos