Ley de Inteligencia Artificial: entre la protección y la ‘hiperregulación’

El anteproyecto de ley que regirá el uso de la Inteligencia Artificial (IA), presentada por el Gobierno, oscila entre la protección de los derechos digitales y una ‘hiperregulación’. 

Según el análisis realizado por algunos especialistas para EFE, la nueva ley se encuentra en un punto intermedio en el que podría penalizar -o no- a la UE en comparación con países menos estrictos en el desarrollo de estas tecnologías.

Los expertos en derecho tecnológico, protección de datos y de la información, han evaluado tanto las cualidades positivas como las negativas que ellos consideran que tiene el primer borrador del anteproyecto de ley, presentado por el Gobierno para adaptar la legislación española al Reglamento Europeo de IA.

Con el anteproyecto, alineado con el reglamento Europeo, el Ejecutivo pretende un uso ético, inclusivo y beneficioso de la IA y garantizar que los usuarios puedan identificar si el contenido es real o virtual.

La nueva ley para el uso de la IA tendrá multas de hasta 35 millones de euros

Frente a quienes alertan de la ‘hiperregulación’ que se impone en Europa y de que podría pesar sobre la competitividad y el desarrollo de la IA, algunos expertos, y entre ellos el nuevo presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, el catedrático de Derecho Constitucional Lorenzo Cotino, han advertido que lo preocupante es que en otros países no se regule una tecnología que tiene mucho que ver con la educación, la sanidad, los procesos de selección, el control de fronteras o la protección de los datos personales.

La Ley establecerá numerosas prohibiciones y obligaciones, entre ellas la de etiquetar los contenidos que se generan mediante inteligencia artificial, y restricciones muy rigurosas para aquellos sistemas basados en esta tecnología y que están catalogados como ‘de alto riesgo’.

Prohíbe por ejemplo usar técnicas subliminales (como imágenes o sonidos) para manipular decisiones sin consentimiento; explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica (como aprovechar la adición al juego para estimular la entrada en plataformas de juego online).

Asimismo prohíbe, la clasificación biométrica de las personas por raza, orientación política, religiosa o sexual; o analizar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales como su historial familiar, nivel educativo o lugar de residencia.

El anteproyecto diferencia entre sanciones leves, graves y muy graves, y fijará multas que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7 por ciento de volumen de facturación de la empresa responsable de hacer un uso indebido de esta tecnología.

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¿Quién vigila a los que nos vigilan?

El profesor universitario y experto en derecho tecnológico Borja Adsuara ha observado que las prácticas prohibidas en el Reglamento Europeo son ya aplicables desde el 2 de febrero y que cada Estado debe aprobar antes del 2 de agosto un régimen sancionador, pero ve «muy difícil, por no decir imposible», llegar a esa fecha dada la configuración actual de mayorías en el Congreso, por lo que España se expone a un expediente sancionador de la Comisión Europea.

Adsuara, en declaraciones a EFE, se ha preguntado si el anteproyecto prevé sancionar las prácticas prohibidas con IA que realicen las administraciones públicas y ha opinado que sería «muy grave» que no fuera así.

«¿Quién vigila a los que nos vigilan?, ha planteado, y ha opinado que si no prevé sanciones a las administraciones «no será una ley garantista con los derechos de los ciudadanos, sino que nos pareceremos a China o a otros gobiernos autoritarios que utilizan la IA como herramienta de control de los ciudadanos».

A su juicio, «los malos van a poder seguir haciendo un mal uso de la IA y a los buenos se les ponen demasiados obstáculos o trámites administrativos» y ha manifestado que en el mundo compiten no sólo las empresas, también los bloques y los marcos regulatorios, y en ese sentido ha asegurado que Estados Unidos, «y más con la administración Trump-Musk», y China, «con su poca preocupación por los derechos fundamentales», llevan ventaja en este ámbito a la UE, «porque tendemos a la hiperrregulación administrativa».

Con información de EFE