El Colegio de Abogados de Madrid pide cuatro años de prisión para el fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) pide cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal del empresario Alberto González Amador.

Además, el ICAM solicita otros tres años de prisión para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como cooperadora necesaria por el mismo delito de revelación de secretos, según detalla el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE. 

Propone una multa de 81.000 euros, tres años de suspensión de cargo público e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado para García Ortiz. En el caso de Rodríguez, la multa sería de 27.000 euros y la suspensión de empleo de dos años.

Al igual que González Amador, el ICAM se querelló contra el fiscal general. La acusación, que coincide con la incluida en el auto de procesamiento del juez Ángel Hurtado, sostiene que García Ortiz actúo «siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno».

De acuerdo con su escrito, los acusados actuaron «con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad» con el fin de «contribuir a un rédito político» por tratarse de un caso de fraude fiscal cometido por González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El juez procesa al fiscal general por revelación de secretos

El Colegio de Abogados afirma en su relato que fueron ambos acusados los que filtraron el correo electrónico del abogado de González Amador en el que ofrecía un pacto al fiscal del caso y admitía la comisión de dos delitos fiscales, y los que ordenaron publicar la nota de prensa en la que se informaba de lo ocurrido después de que ‘El Mundo’ publicase que era la Fiscalía la que había ofrecido el acuerdo.

«Conocedores de una información reservada por razón de sus respectivos cargos, en aras de ‘ganar el relato’ en términos periodísticos, eran conscientes de que con los datos ofrecidos en la nota informativa, así como con la difusión del correo de 2 de febrero de 2024, estaban trascendiendo a la opinión pública elementos confidenciales sobre responsabilidad penal y autoría -conocidos por razón de sus respectivos cargos- que afectaban del pleno al derecho de defensa del afectado», expone el escrito.

González Amador pide cuatro años de prisión 

Por su parte, Alberto González Amador pide cuatro años de prisión para García Ortiz, por un delito de revelación al acusarle de filtrar datos «confidenciales» de su caso de fraude fiscal, para construir «un relato político lesivo».

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, solicita también 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general.

Para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pide tres años de prisión como cooperadora necesaria por el mismo delito de revelación de secretos, además de una multa de 36.000 euros y suspensión de empleo de dos años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial.

Con información de EFE