Begoña Gómez no comparece ante el juez por presunta malversación

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se presentó el sábado al juzgado de Madrid, donde había sido citada por el magistrado Juan Carlos Peinado para formalizar su condición de investigada en una causa por presunta malversación de fondos públicos.

A la cita judicial tampoco acudieron el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ni Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa.

Según fuentes gubernamentales consultadas por la agencia EFE, tanto Gómez como Martín, también implicado en la investigación por malversación, decidieron no asistir al considerar sus respectivas defensas que se trataba de un trámite procesal en el que su presencia no era obligatoria.

La misma postura fue adoptada por Cristina Álvarez, quien igualmente había sido convocada por el juzgado para declarar en el marco de la misma causa.

A pesar de estas ausencias, el juez Peinado optó por continuar con la vista, que se prolongó durante más de noventa minutos. Durante la sesión, las partes formularon solicitudes contrapuestas: mientras la Fiscalía y las defensas solicitaron el archivo del procedimiento, las acusaciones particulares instaron a seguir adelante con la instrucción mediante la práctica de nuevas diligencias.

Acusaciones populares defienden revisar correos de Begoña Gómez por ser "información institucional"

La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, han solicitado al juez que archive la parte de la causa en la que se le investiga por malversación y que, en caso de llegar a juicio, sea enjuiciada por un jurado popular.

En cuanto a la no comparecencia de Gómez, su defensa ha explicado que su presencia no es imprescindible. «Constituye un derecho, pero no una obligación», ha dicho su abogado.

Tampoco han asistido Cristina Álvarez ni Francisco Martín, quienes han reclamado asimismo el archivo de esta pieza separada que gira en torno al nombramiento de la asesora y si realizó labores de asistencia para fines profesionales de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por la asociación ultracatólica Hazte Oír, han solicitado al juez que cite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo en la pieza separada en la que investiga a su esposa por malversación.

También han reclamado la testifical del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el marco de la pieza en la que investiga si la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, pagada con fondos públicos, le asistió para tareas vinculadas a su faceta profesional en la Universidad Complutense.

Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír -que han convocado una manifestación contra Sánchez frente a los juzgados de la Plaza de Castilla -, han argumentado la necesidad de que la causa siga y se practiquen más diligencias.

La inasistencia de Begoña Gómez a la cita del juez Peinado ha suscitado la crítica del PP. Su secretario general, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de incumplir su promesa de colaborar con la justicia.

Los 121 correos de la asesora de Begoña Gómez

 La Guardia Civil ha remitido al juez un informe en el que analiza 121 correos que la asesora de Begoña Gómez se cruzó con la Universidad Complutense relacionados con acuerdos de la cátedra que la esposa del presidente codirigía, si bien también incluye uno sobre la gestión de proveedores para la celebración de un congreso de esta formación, de acuerdo con una publicación de la agencia EFE.

Se trata de correos intercambiados entre el 16 de abril de 2021 y el 12 de junio de 2024 que tratan «fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra» de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en la Complutense y otros relativos a la relación «genérica y eminentemente administrativa» que mantuvo con este centro.

Algunos de estos correos -en los que la Fiscalía insiste en que no hay delito de malversación- fueron intercambiados entre Cristina Álvarez y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, pero «en su mayoría participan también otros interlocutores», como representantes de empresas como Reale o La Caixa, o una directiva de la Cámara de Comercio.

Begoña Gómez podría ser juzgada por jurado popular

El informe, al que ha tenido acceso EFE este lunes, se encuentra ya en la pieza separada en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga si Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos, se excedió de sus funciones como asesora con gestiones vinculadas a la vida privada y profesional de Begoña Gómez, y si hubo ambas imputadas incurrieron en presunta malversación.

Entre las comunicaciones analizadas por la UCO figuran «contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra», principalmente en relación a firmas de convenio o adendas de adscripción con empresas como Reale, Mercadona, Indra o Deloitte, entre otras.

En uno de ellos, en el que aparecía Begoña Gómez como destinataria y que habla de una adenda relativa a la fundación ONCE, Álvarez solicita a una empleada de la UCM que revise el documento para que ella misma «pueda hacérsela llegar para que pueda firmar la Universidad, Reale y Fundación La Caixa».

Otro ejemplo es cuando Álvarez hace de intermediaria entre Google, que colaboró en la plataforma de la cátedra, y la Complutense. Buscó una persona de contacto entre ambas entidades y envió al vicerrector un escrito para pedir una colaboración anual de 40.000 euros a esta empresa tecnológica, que después este habría enviado a la compañía, en una carta en papel y con su firma.

La UCO destaca otro correo, relacionado con un convenio de formación permanente firmado con Mindway en el marco de la cátedra, en el que Cristina Álvarez «hace hincapié en la intención de establecer claúsulas por las que ‘en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la cátedra de TSC y por otro lado que no pueda utilizar los contenidos (…) del máster en caso de rescisión o resolución de contrato'».

Con información de EFE