La Universidad Complutense se persona como perjudicada en el caso Begoña Gómez

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido personarse como parte perjudicada en el procedimiento judicial que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y antigua responsable de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

La institución considera que las actuaciones vinculadas a Gómez podrían haber generado un "perjuicio económico" que afecta directamente a sus intereses.

Según el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de la UCM formaliza esta personación con el propósito de ejercer la acción civil correspondiente.

El objetivo es solicitar la reparación del daño que, presuntamente, habría sufrido la administración universitaria como consecuencia de los hechos investigados.

En el texto jurídico, el letrado expone: “Considerando que los hechos de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid, vengo a personarme, en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el marco del procedimiento incoado”.

En línea con esta actuación, la UCM ha solicitado al juzgado que le remita copia de todas las diligencias practicadas hasta el momento. Esta petición tiene como finalidad evaluar la posibilidad de promover nuevas actuaciones que contribuyan al éxito de la acción civil y permitan una cuantificación adecuada de los daños económicos que se pudieran derivar.

El letrado de la UCM adjunta al escrito la resolución del rector Joaquín Goyache por la que se autoriza el ejercicio de la acción civil por parte de la universidad en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado desde abril de 2024.

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"Perjudicada"

La Complutense se pronuncia así después de que el instructor señalara el pasado 3 de octubre que debía considerarse a la universidad como "perjudicada" en la causa en la que se investiga el delito de apropiación indebida, "en concreto de un supuesto 'software', cuya financiación estaba destinada para que fuera a favor de la UCM".

Aunque en junio de 2024 el propio Peinado rechazó que la institución educativa se personara como acusación particular, al considerar que en ese momento no constaba que hubiese podido sufrir una perjuicio económico; en un movimiento de última hora, el juez dio la opción a la universidad para que se personara como perjudicada.

El juez, además, citó a la universidad para que estuviera presente en la vista que celebró el 6 de octubre en la que informó a Begoña Gómez, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés de que, si van a juicio, serán juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.

En aquella vista, las defensas pidieron al juez que archive la investigación que dirige contra ellos por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

La Fiscalía también pidió el archivo al descartar, entre otras cuestiones, que Begoña Gómez se haya apropiado indebidamente del 'software' de la Complutense.

El valor del 'software'

Por su parte, las acusaciones populares, dirigidas por Hazte Oír, reclamaron al instructor que siguiera adelante con la causa y que citara a declarar como testigo al jefe del Ejecutivo por la línea de investigación relativa a la presunta apropiación del 'software' de la UCM.

Entre sus argumentos, además, resaltaron el "'know-how' generado en el marco de la cátedra" y la "estructura creada" en torno al 'software', elementos que a su juicio "constituyen un capital intelectual e institucional susceptible de explotación comercial y académica, cuya apropiación indebida priva a la Universidad de un activo estratégico".

Según estimaron las acusaciones populares, el valor económico del 'software' vinculado a la cátedra y su ecosistema supera con creces el medio millón de euros" si se tiene en cuenta "la inversión directa" y "el potencial de explotación del 'know-how' acumulado, la legitimación institucional derivada de la participación de Google, Telefónica e Indra, y la capacidad de escalar el producto, habiendo la investigada Gómez presentado el sistema en diferentes foros".

"Desde esta óptica, resulta jurídicamente indudable que nos hallamos ante un bien patrimonial de alto valor, cuya apropiación indebida a través de su explotación bajo titularidad privada (Transforma TSC, S.L. y el dominio 'transformatsc.org') genera un perjuicio directo para la Universidad Complutense y constituye un indicio sólido de ánimo de lucro y apoderamiento ilícito", expusieron.

Y, al hilo, incidieron en que "se utilizó de manera consciente la misma denominación y conceptualización que el Máster, la Cátedra y el dominio web, en un entramado de nomenclaturas que, sin lugar a duda, generan una confusión clara y evidente".

Con información de Europa Press