España vigila las gasolineras mientras Europa aplica rebajas fiscales por la crisis energética

En un contexto de volatilidad extrema en los mercados energéticos, España ha decidido adoptar una posición de "espera activa".

A diferencia de otros socios comunitarios, el Gobierno español descarta, por el momento, la implementación de bonificaciones directas o límites al precio de los carburantes, a pesar de que el petróleo ha registrado un repunte del 28% y el gas un 80% debido a la inestabilidad en Oriente Medio.

La estrategia nacional se centra en la fiscalización: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha redoblado el seguimiento sobre las 12.000 estaciones de servicio del territorio para detectar cualquier subida abusiva que no se corresponda con la evolución real del mercado mayorista.

Dentro del arco parlamentario español, el debate es intenso. Mientras que desde el sector de Sumar se presiona para limitar el precio del gas y blindar el bono social, el Partido Popular reclama rebajas fiscales inmediatas para aliviar la factura de familias y transportistas.

No obstante, el Ejecutivo sostiene que la coyuntura actual difiere de la crisis de 2022 tras la invasión de Ucrania, asegurando que todas las herramientas permanecen listas si la situación se vuelve insostenible.

Portugal reduce impuestos al diésel 

Más allá de las fronteras españolas, la respuesta europea ha sido mucho más directa. Portugal ha liderado el bloque intervencionista aprobando una reducción del impuesto especial sobre los hidrocarburos, lo que supone un ahorro real de 4,37 céntimos por litro de diésel.

El gobierno luso estima que, sin esta medida, el gasóleo habría encarecido más de 23 céntimos en apenas una semana.

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Italia

En Italia, la presidenta Giorgia Meloni ultima un decreto para utilizar la recaudación extra del IVA —generada precisamente por la subida de precios— para financiar un descuento directo en los surtidores.

Croacia, Hungría y Eslovenia

En la región de los Balcanes y Centroeuropa, el intervencionismo ha llegado al control de precios máximos (PVP). Croacia ha fijado el tope del diésel en 1,55 euros y la gasolina en 1,50 euros por un período de quince días. 

Hungría y Eslovenia han seguido pasos similares, estableciendo barreras psicológicas y legales en torno a los 1,50 euros para evitar que la inflación energética descarrile el consumo interno.

Contexto

La diferencia de precios entre países de la Unión Europea (UE) no solo depende del barril de Brent, sino de la carga impositiva local, que representa cerca del 50% del coste final.

España mantiene una presión fiscal media, lo que le otorga un margen de maniobra que el Gobierno prefiere reservar ante un posible empeoramiento del conflicto geopolítico.

Francia y Alemania

Mientras tanto, otras potencias como Francia y Alemania comparten la cautela española, aunque con matices.

París ha lanzado un plan excepcional de 500 inspecciones en estaciones de servicio para evitar incrementos injustificados, alegando que su elevado déficit público impide, hoy por hoy, nuevas rebajas impositivas.

Alemania, por su parte, ha descartado límites de precios, confiando la gestión de la crisis a un grupo de trabajo que monitoriza los indicadores diarios. La consigna en el continente es clara: vigilancia total para evitar que la energía se convierta en el lastre definitivo de la economía europea en 2026.

Con información de El Observador