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Pablo Llarena, juez e instructor del caso, hizo hincapié en que Puigdemont tiene que recibir personalmente su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña, lo que conllevaría su detención
Actualidad Valeria CastilloEl Tribunal Supremo español se pronunció respecto a la situación judicial del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, complicando su investidura pendiente al resultar favorecedor en las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Se esperaba que Puigdemont retornara a su vida política en España, pero las medidas del Tribunal han frustrado los planes del líder independentista.
Pablo Llarena, juez e instructor del caso, hizo hincapié en que Puigdemont tiene que recibir personalmente su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña, lo que conllevaría su detención. Esto, debido a que el Tribunal Supremo negó la amnistía para el expresidente al estar acusado en delito de malversación, cuyo cargo es de los peores en su contra. Por lo que su detención nacional sigue en pie.
Aunque, no todo está perdido para Carles, porque tiene a su favor presentar tres recursos ante el Tribunal Supremo: un recurso de reforma ante el magistrado Llarena, uno de apelación ante la Sala Segunda del Supremo y un incidente de nulidad de las actuaciones. Deberá apegarse a estos pasos para poder ampararse en el Tribunal Constitucional.
De esta manera, podrá argumentar su versión de los hechos y su caso, buscando una resolución que le permita ejercer vida política. Sin embargo, el proceso de estos tres recursos es largo y no hay nada seguro porque son varios cargos a enfrentar.
Una de los instrumentos más fuertes que tiene sobre la mesa el juez Pablo Llorena es la reactivación de la euroorden para detener al señor Carles. De reactivarse, el acusado podrá ser detenido fuera de España y su extradición para la rendición de cuentas. Vale recordar que anteriormente las euroórdenes se retiraron, porque las autoridades judiciales alemanas y belgas no cooperaron en la extradición.
Sin embargo,a historia es diferente ahora porque el expresidente ha perdido su inmunidad parlamentaria, después de la conformación de la nueva Eurocámara.
Puigdemont no solo presenta cargos de malversación, también se suman delitos de terrorismo y traición, por estar presuntamente involucrado en casos transnacionales como Tsunami Democrátic y el caso Voloh. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que pronunciarse sobre el recurso contra la pérdida de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont. Esta suma de complicaciones pueden influir en la reactivación de la euroorden.
El papel más determinante lo tiene el Tribunal Judicial de la Unión Europea, porque tiene en su poder la decisión de beneficiar al acusado con alguna protección legal a nivel europeo o no. De resultar favorable para el catalán, también serán beneficiados sus paisanos y activistas independentistas involucrados. Y le permitiría a Carles ejercer política desde el exilio.
La opinión política está dividida, y su centro de discusión es si realmente el Estado desea solucionar el conflicto con Cataluña y los sucesos nacientes en 2017.
Marta Villaret desde Esquerra Republicana, considera que el tribunal solo está intentando derogar la ley vigente (de la amnistía).
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se mantuvo respetuoso ante la resolución judicial, pero desde la distancia del desacuerdo con los argumentos del Tribunal. Y el acusado, Carles Puigdemont, se manifestó en sus redes sociales acusando al Tribunal de actuar como una mafia siciliana, apodándolo “La Toga Nostra”. Clara expresión a sentirse perseguido.
El parlamento catalán es otra de las opciones con las que cuenta Carles, porque dentro del mismo no podría ser detenido debido a la inviolabilidad de la institución (según el Estatuto de Cataluña).
Para poder detenerlo en su interior las autoridades policiales deben tener un permiso del presidente de la cámara, el señor Josep Rull, de Junts. Considérese también que los diputados por su impunidad solo pueden ser detenidos en flagrante delito.
Es una opción muy limitada, pero de válida protección para Puigdemont en caso de que retorne a España. Sin embargo, sería más complicado para él movilizarse porque ante cualquier intento de salir del Parlament hará que las autoridades lo detengan inmediatamente.
Asamblea Nacional Catalana como protectora
Sobre la decisión del juez Llarena de mantener los cargos nacionales activos y negarle la amnistía a Carles, se pronunció la Asamblea Nacional Catalana (ANC) argumentando que Carles debe ser recibido por su pueblo catalán, tras los años fuera de su tierra y el arduo trabajo que ha realizado al proyectar el conflicto Catalán-Español a niveles internacionales.
De manera clara, la ANC manifiesta que está preparada para recibir al acusado, acompañándolo hacia su retorno y velarán porque o currs sin ningún tipo de partidismo. Esto implica posibles movilizaciones de activistas en caso de que el retorno de Carles conlleve a su detención.
Lo que es claro es que la decisión de Carles Puigdemont de regresar a España en caso de debate de investidura, es indiscutible. Esto lo mantiene también Junts, cuyo secretario general Jordi Turull, asegura que Carles es un hombre de palabra y la mantendrá incluso pese a la decisión del Tribunal Supremo de negarle la amnistía.
Lo que ocurrirá en caso de que Carles cruce la frontera con España e ingrese al país, es que la detención lo dejará en manos del juez Llarena, quien puede mandarlo a la prisión hasta que el Tribunal Constitucional revoque la decisión del Tribunal Supremo sobre el rechazo de la amnistía.
Se esperaba que el regreso a España ocurriría el 25 de junio, justo cuando se haría el primer debate de investidura en el Parlament. Pero ni Carles ni su homólogo Salvador Illa, del PSC y también ganador de las elecciones, quisieron desgastarse presentando la candidatura. Esto hizo el presidente de la Cámara Catalana, Josep Rull, firmara un acto equivalente para activar el calendario.
El argumento de ambos activistas, políticos y líderes es que no contaban con apoyo suficiente para superar el debate y se mantuvieron a raya. La próxima fecha del encuentro quedó pautada para el 26 de agosto para que alguno de los dos dirigentes opte por postularse.
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