El Supremo imputa al fiscal general del Estado por difundir información del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz seguirá al frente de la institución, una vez que la Sala de lo Penal ha abierto una causa penal después de que González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentase una demanda en el Tribunal Superior de Justicia por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento, cuya responsabilidad asumió el fiscal general.

“En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado”, ha dicho García Ortiz en un comunicado.

Pese a ser “consciente de la repercusión pública de la noticia” y admitir que esto afectará a los fiscales de nuestro país, defiende que es “la ponderación de estas circunstancias” lo que le persuade para seguir ejerciendo plenamente su atribuciones legales, “con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho”.

García Ortiz explica que la apertura de un procedimiento por el Supremo “impone la máxima prudencia” en su pronunciamiento como fiscal general “a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia o una influencia a los magistrados”.

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Sin embargo, destaca que “la atribución de la condición de investigado al fiscal general es inédita en el país y obliga a realizar una profunda reflexión, sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar” en la futura actuación del Ministerio Fiscal y en la Justicia española.

Su “derecho de defensa”

Recuerda que la ley atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, “más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”.

Lejos de dimitir, subraya que su condición de investigado le “permitirá que pueda ejercitar plenamente” su “derecho de defensa”, toda vez que “la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo”.

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