Las iniciativas penales tratan de aclarar si se puede haber incurrido en los delitos de omisión del deber de socorro, homicidio imprudente o imprudencia con resultado de muerte, entre otros
Noticias Redacción
El futuro inmediato de la investigación de la emergencia generada por la Dana pasa ahora, tras la inadmisión de las querellas contra Carlos Mazón por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por la resolución que pueda adoptar la Audiencia Provincial sobre la competencia de un juzgado de Valencia para dirigir la investigación.
Vista la reciente negativa del TSJCV —apoyada por la Fiscalía Superior— a abrir en este momento una investigación al president de la Generalitat, serán los juzgados de instrucción los que, en su caso, abran camino al respecto hasta dirimir si existieron responsabilidades en las instancias más altas de la Administración.
Las iniciativas penales tratan de aclarar si se puede haber incurrido en los delitos de omisión del deber de socorro, homicidio imprudente o imprudencia con resultado de muerte, entre otros. El Juzgado de Instrucción 20 de Valencia, que estaba de guardia aquel 29 de octubre, fue el primero que abrió diligencias para que se levantase el cuerpo y se practicase la autopsia a un hombre de 79 años, vecino de la pedanía valenciana de La Torre, cuyo cadáver se levantó la mañana del 30 de octubre.
Días después, Manos Limpias presentó una denuncia contra dirigentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar por homicidio imprudente. Esta denuncia recayó en Instrucción 15, que decidió inhibirse en el 20, aunque este último juzgado rechazó asumir esa investigación.
El titular de Instrucción 20 adujo que el fallecimiento del hombre que investiga se produjo horas después de que tuviera lugar la masiva inundación —alrededor de las 3 horas, según la autopsia—, "siendo notorio que había sido emitida alerta roja por Aemet desde primera hora de ese mismo día, y que el mensaje de alerta de Emergencias referido —en la denuncia de Manos Limpias— ya había sido lanzado".
El conflicto entre estos dos juzgados de instrucción motivó la presentación de una cuestión competencial por parte del 15, que deberá ser resuelta ahora por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y que podría marcar el futuro reordenamiento del resto de denuncias instadas desde entonces.
Además, Instrucción 10 de Valencia ha inadmitido recientemente por un defecto de forma (que puede ser subsanable) una denuncia de Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Al igual que sucede en los juzgados de Instrucción, el TSJ valenciano estudió recientemente cómo abordar las siete denuncias que se han presentado contra Mazón (además de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y otros dos exresponsables de ese departamento) por la gestión de la Dana y decidió acumularlas en una sola. Este lunes se ha conocido que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV —apoyada por la Fiscalía Superior— ha dictado un auto en el que acuerda inadmitir dichas denuncias hasta que, llegado el caso, se concrete la intervención o inacción de los querellados.
El Alto Tribunal valenciano, que declara "no ser insensible a la tragedia", expone que no hay en estos momentos indicios que le permitan investigar a Mazón y señala a los juzgados de instrucción como "hábitat natural" para que los damnificados inicien el camino de su reclamación.
Según ha informado recientemente el diario Levante-EMV, un total de veintiún juzgados de instrucción pertenecientes a diez partidos judiciales distintos en toda la zona afectada por la riada han abierto diligencias por el fallecimiento de alguna de las 223 víctimas mortales contabilizadas hasta la fecha (hay tres desaparecidos), la última de ellas en Requena.
Por otra parte, la asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos está preparando una demanda en la vía penal contra las administraciones local, autonómica y central por la gestión de esta tragedia que se presentará en la Audiencia Nacional, previsiblemente a mediados de enero, según ha informado a EFE su presidente, Joaquín Amills.
En la vía contencioso-admnistrativa también se han instado dos procedimientos, el primero de ellos interpuesto por Liberum contra la Delegación del Gobierno en Valencia. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV se declaró no competente para resolver por ir dirigido el recurso contra el Gobierno y se inhibió en favor de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
El segundo fue presentado por un abogado por inacción contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV lo ha admitido a trámite y ha pedido a la Generalitat que remita documentación al respecto.
Con información de El Confidencial
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