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El Defensor del Pueblo dice que la ocultación del domicilio de la víctima debe producirse desde el momento en que ésta pide ayuda y se ha de garantizar su intimidad «independientemente del nivel de riesgo»
Actualidad Agencias
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitó al Ministerio del Interior que garantice un mecanismo para proteger los datos de la localización de las víctimas de violencia de género.
En esta línea, una medida que proteja a las víctimas desde el momento de la denuncia, para evitar que los agresores puedan localizarlas a través de los atestados policiales.
La institución expone, en su informe anual relativo a 2024, el caso de una víctima cuyos datos personales no se protegieron en el atestado policial enviado al juzgado, permitiendo al agresor conocer su ubicación.
Debido a la situación, el Defensor ha contactado a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para solicitarle que ponga en marcha un «procedimiento» en el que se compruebe desde el momento de la denuncia si la mujer denunciante desea mantener la privacidad de sus datos personales.
El Defensor dice que la ocultación del domicilio o la localización de la víctima debe producirse desde el momento en que ésta pide ayuda y se ha de garantizar su intimidad «independientemente del nivel de riesgo que (el sistema policial) VioGén establezca o de que haya o no vista judicial».
Propone el Defensor que se pregunte siempre a las víctimas si quieren mantener ocultos sus datos personales en la denuncia y en los atestados oficiales, a fin de que el agresor no pueda acceder a ellos.
Hasta ahora, solo se oculta la ubicación cuando la víctima lo solicita expresamente o por indicación de su abogado, pero los agentes no deben informarlas de este derecho.
El Defensor recomienda que la obligación de informar a la víctima de esta posibilidad se introduzca en los protocolos policiales y que los atestados policiales incluyan una leyenda donde se informe al juzgado de la voluntad de la mujer de ejercer su derecho a ocultar su paradero.
En línea con estas recomendaciones, el Defensor también se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía Española para que los letrados del turno de oficio ayuden a sus representadas a ejercer este derecho.
El Congreso de los Diputados aprobó el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género el pasado 26 de febrero, con todos los partidos a favor excepto Vox, esta decisión es un paso más de España para combatir todas las violencias contra las mujeres, incluidas la económica, la digital y la vicaria, según publica EFE.
El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género contiene 461 medidas, un dictamen que duplica y actualiza el contenido del primer pacto firmado en 2017.
Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en la red social X: «Frente a la involución que nos rodea, progreso. España vuelve a brillar con luz propia en materia de igualdad de género. ¡Avanzamos!».
Con información de EFE

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