
Según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mitad de las mujeres asesinadas el año pasado eran españolas, una cifra superior a la media histórica (35,8%)
En la tercera causa que se le atribuye a Luis 'Alvise' Pérez, los magistrados han abierto la investigación al considerar que su actuación podría encajarse en el delito de acoso, conocido como "stalking"
Noticias Sala de redacciónEl Tribunal Supremo (TS) abre una tercera causa penal contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por los mensajes que difundió en su cuenta de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert.
El Supremo ha acordado abrir esta causa al entender que el eurodiputado pudo haber actuado con "intención voluntaria y consciente de comprometer" la vida de la representante del Ministerio Público.
La Sala de lo Penal designó al magistrado Juan Ramón Berdugo como instructor de esta investigación, la tercera que abre el Alto Tribunal contra Luis 'Alvise' Pérez, luego de que el pasado abril se le abrieran dos causas: una por presunta financiación ilegal, y otra por haber supuestamente difundido una PCR falsa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
En concreto, la fiscal ha dado cuenta en su denuncia de unos mensajes que se habían difundido en su contra en un chat de Telegram y que habían conllevado a que personas desconocidas le remitieran mensajes amenazantes o insultantes por internet, red en la que la denunciante está registrada.
Así, están bajo la lupa dos de ellos en los que se hace referencia al organigrama de "las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'".
"Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una invasion", manifestaba.
En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de "haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas".
El Supremo ha adoptado esta decisión tras recibir la exposición razonada que le envió el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valencia, toda vez que el Alto Tribunal es el competente para investigar a 'Alvise' al gozar del aforamiento como eurodiputado.
Así, el Supremo continuará con las diligencias que abrió el juzgado valenciano a raíz de la denuncia que presentó Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones u odio a través de redes sociales.
Los magistrados han abierto la investigación al considerar que la actuación de 'Alvise' podría encajarse en el delito de acoso, conocido como 'stalking', toda vez que alteró la vida de la fiscal de Valencia y su familia.
"Su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, (...) muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima", apunta el tribunal en su auto de 11 folios.
Asimismo, el Supremo tiene en consideración que 'Alvise' permitió "que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram", donde estaba recibiendo "insultos y amenazas".
Los magistrados explican que aunque de lo ahora investigado no se refleja que el eurodiputado "cursara directamente coacciones, amenazas o injurias" contra Gisbert, "ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación.
Según recoge el auto, los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.
Con información de RTVE Noticias
Según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mitad de las mujeres asesinadas el año pasado eran españolas, una cifra superior a la media histórica (35,8%)
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