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El real decreto ley de respuesta a la guerra arancelaria, en un segundo eje, busca fomentar la internacionalización del tejido productivo, aumentar su competitividad y facilitar una mayor proyección
Actualidad Agencias
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el real decreto ley de respuesta a la guerra arancelaria con el apoyo de Junts, la abstención de Podemos, y con el rechazo de PP y VOX.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estuvo a cargo de defender el plan de respuesta y relanzamiento comercial diseñado para atenuar el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos (EEUU), un plan «necesario» y «en construcción» para responder a las necesidades de las empresas y adaptarse a un entorno «de incertidumbre».
El real decreto ley ha sido aprobado con una mayoría de 176 votos a favor (los de los socios parlamentarios del Gobierno, a excepción de Podemos), 169 en contra (PP y Vox) y cuatro abstenciones (Podemos), en un plan de apoyo financiero de más de 14.000 millones de euros.
«Este es el plan que España necesita», ha señalado Cuerpo, quien ha asegurado que «se ha construido a partir del diálogo y la unidad de acción» y se trata de «un plan dinámico, preparado para evolucionar» en un entorno «cambiante, dinámico y desafiante», caracterizado por la «enorme incertidumbre».
El plan contempla instrumentos financieros y comerciales, por lo que proporciona a las empresas «una red de protección inmediata» y pone a su disposición el apoyo financiero que necesitan.
En un segundo eje trata de fomentar la internacionalización del tejido productivo, aumentar su competitividad y facilitar una mayor proyección.
Durante su intervención en el debate del real decreto ley, el diputado de Junts Josep María Cruset ha insistido en que el texto incluye su petición de que las ayudas a empresas atiendan a criterios territoriales en función del impacto, lo que aseguraría mayores recursos a Cataluña por ser la región más afectada.
Al igual que Junts, todos los socios de investidura han votado a favor del real decreto ley salvo Podemos, que se ha abstenido al considerar que no es una respuesta a la guerra arancelaria de Trump sino una mera «gestión» de sus consecuencias sobre las empresas más afectadas sin «incomodar» a Estados Unidos.
ERC ha apoyado el plan, a pesar de tratarse de una herramienta «incompleta» y con «medidas mínimas» según su diputada Inés Granollers, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para que, en caso de que en el futuro se creen «ayudas públicas directas», éstas estén condicionadas al mantenimiento del empleo.
También desde Bildu han considerado que las ayudas deberían estar supeditadas al mantenimiento del empleo y a la no deslocalización de las empresas, mientras que el PNV ha destacado que el plan ayuda a «amortiguar el golpe» de los aranceles sobre empresas y empleo, y atiende a su reivindicación de que se preste auxilio también a las compañías afectadas de manera indirecta.
También han votado a favor Coalición Canaria, por su atención a la «singularidad» de Canarias; BNG, por la necesidad de apoyar a los sectores afectados pese a sus diferencias con el Gobierno; y UPN, cuyo diputado no ha intervenido en el debate para exponer su posición.
El diputado del PP Juan Bravo ha justificado el voto en contra de su grupo por la negativa del Gobierno a aceptar sus propuestas, que pasaban por medidas de competitividad industrial y bajadas fiscales. Las empresas no piden «ni más deuda ni más préstamos», ha subrayado.
También Vox ha rechazado el texto porque «no corrige el problema de fondo» para el campo, que a su juicio son las políticas climáticas y las «imposiciones fitosanitarias de Bruselas», según su diputado Jacobo González-Robatto.
Con información de EFE

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