El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador
Noticias Agencias
La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador le ha procesado por fraude fiscal y falsificación de documentos, han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
En un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), dictado por la titular Inmaculada Iglesias, contra González Amador y otros cuatro empresarios en la pieza principal de su investigación. Además, la jueza acordó archivar la causa para Javier Gómez Fidalgo, abogado fiscalista del empresario.
Esta resolución, contra la que cabe recurso, le permite a la jueza finalizar sus pesquisas en esta pieza de investigación, en la que las acusaciones podrán ahora solicitar la pena que consideren frente al futuro juicio.
Sin embargo, la jueza mantiene abierta la pieza separada relacionada con los negocios de González Amador con el grupo Quirón, y en la que el empresario sí declaró el 10 de abril, defendiendo la legalidad de los mismos y tratando de desvirtuar la tesis de la Fiscalía de que pagó una comisión encubierta de 499.836 euros.
Cabe destacar que González Amador no ha llegado a declarar en la causa principal, abierta en marzo de 2024, como tampoco hicieron los otros empresarios investigados.
El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.
Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas.
En esta causa han declarado, además de las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe inicial, Javier Gómez Fidalgo, que fue el abogado fiscalista que asesoró a González Amador una vez que Hacienda le abrió la inspección.
Este fiscalista, que a su vez es quien alquila el ático en el que viven González Amador y la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó tajantemente haber cooperado en los presuntos delitos y ahora la jueza archiva la causa contra el abogado.
Antes de abrirse este procedimiento, en el que están personados como acusación la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.
La filtración de ese correo desembocó en una investigación al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, en la que el pasado viernes testificó González Amador.
Este empresario afirmó que desconocía que su abogado había enviado ese correo, de 2 de febrero de 2024, mientras que Neira, en su declaración de este lunes, señaló que sí tuvo el mandato de su cliente para alcanzar el pacto.
Según González Amador, él pidió a su letrado que optase por la salida que menos «ruido» hiciese, ya que no quería perjudicar a su pareja. No obstante, pese a dicho desconocimiento del correo, el empresario admitió que su abogado Neira le informó de que buscara un pacto suponía reconocer los hechos, algo que, sin embargo, no ha hecho ante la jueza.
Con información de EFE
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