El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de datos

El Tribunal Supremo (TS) ha impuesto una condena de dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber filtrado un correo relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia, por un delito de revelación de datos reservados, fue aprobada con una mayoría clara: cinco votos a favor y dos en contra.  

Con esta decisión, García Ortiz se convierte en el primer fiscal general condenado en la historia de España.

Además de la inhabilitación, deberá indemnizar con 10.000 euros a González Amador, por los daños morales ocasionados. También se le ha impuesto una multa de 7.200 euros y tendrá que asumir las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular.  

El fallo fue comunicado este jueves alrededor de las dos de la tarde, aunque la sentencia aún está pendiente de redacción y entrará en vigor una vez sea notificada oficialmente.  

La resolución contará con dos votos particulares discrepantes, los de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García. Esta última era inicialmente la ponente del caso, pero la redacción final ha sido asumida por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta.  

Se trata de una sentencia histórica ante la que el Gobierno, que ha venido defendiendo que García Ortiz era inocente, no le ha quedado ahora otra salida que anunciar que en los próximos días nombrará a otro fiscal general.

El fiscal general encara la recta final de su juicio en el Supremo

En el juicio, celebrado entre el 3 y el 13 de noviembre, las acusaciones personadas pedían entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. A la acusación particular particular, ejercitada por Alberto González Amador, se suman seis acusaciones populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y la acusación popular unificada que ha liderado la Fundación Foro Libertad y Alternativa e incluye a Vox y Hazte Oír.

González Amador pedía cuatro años de cárcel y 3 de inhabilitación, una multa de 108.000 euros y una indemnización de 300.000 euros por daños morales. La pena más alta la reclamaba la APIF: 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado reclamaban la absolución de García Ortiz, defendiendo que no se había producido delito alguno. Asimismo, el Ministerio Público alegaba presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.

Dos de las tres asociaciones de fiscales -la AF y la APIF-, a excepción de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que García Ortiz presidió, habían reclamado a García Ortiz que dimitiera antes del juicio para no dañar a la institución arrastrándola al banquillo y se defendiera como un ciudadano particular. Sin embargo, el fiscal general se agarró al sillón. Y será removido ahora de él tras el fallo por decisión del Ejecutivo, no ha salido de García Ortiz.

Con información de OK Diario