Airbnb sancionada con 64 millones: Canarias concentra una quinta parte de las viviendas irregulares

El Ministerio de Consumo ha impuesto una sanción histórica de 64,05 millones de euros a la plataforma de alquiler vacacional Airbnb por anunciar miles de viviendas sin licencia o con registros falsos en España. La resolución, que ya es firme tras agotar la vía administrativa, obliga además a la compañía a eliminar los contenidos ilícitos y a hacer pública la multa.  

Según los datos oficiales, se identificaron 65.122 anuncios irregulares en la plataforma. De ellos, 59.229 carecían de número de registro, mientras que 5.769 mostraban registros falsos.

El impacto en Canarias es especialmente significativo: 12.486 viviendas sin licencia y 242 con registros falsos, lo que suma 12.728 irregularidades, equivalentes al 19,54 % del total nacional.  

La sanción se fundamenta en infracciones graves de la normativa de consumo. El ministerio considera que Airbnb obtuvo beneficios ilícitos durante el tiempo en que los anuncios permanecieron activos, pese a los apercibimientos previos. La cuantía de la multa equivale a seis veces ese beneficio, según recoge EFE.

Contexto

El expediente sancionador también señala incumplimientos en la información contractual ofrecida a los usuarios. Airbnb habría omitido datos sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones y se negó a facilitar información requerida por Consumo durante la investigación.

Además, la plataforma incumplió medidas provisionales dictadas en el proceso, lo que agravó la sanción.  

La decisión se produce en un momento de creciente debate sobre el impacto del alquiler vacacional en el mercado inmobiliario español.

En Canarias, donde el turismo es motor económico, el elevado número de viviendas irregulares refuerza las críticas sobre la presión que estas prácticas ejercen en el acceso a la vivienda y en la regulación del sector.  

El Gobierno exige a Airbnb que bloquee casi 66.000 anuncios que incumplen la legislación

Reacciones de asociaciones

La asociación de consumidores Facua celebró la sanción y destacó que se trata de la segunda mayor multa de la historia en España, solo superada por los 108 millones impuestos a Ryanair por cobrar recargos por el equipaje de mano.

En un comunicado, Facua instó a las autoridades autonómicas a actuar con mayor contundencia frente a fraudes inmobiliarios.  

Por su parte, la asociación de usuarios financieros Asufin respaldó la decisión y subrayó que “las plataformas tecnológicas no pueden pretender ser meros intermediarios que se llevan los beneficios sin asumir ninguna responsabilidad sobre los anuncios que publican”.  

Un precedente para el sector

La sanción contra Airbnb marca un precedente en la regulación de las plataformas digitales de alojamiento. El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha insistido en que la medida busca garantizar la transparencia y proteger a los consumidores frente a prácticas que distorsionan el mercado.  

El caso también pone de relieve la necesidad de coordinación entre administraciones autonómicas y estatales para controlar el alquiler turístico.

En territorios como Canarias, donde el fenómeno alcanza cifras significativas, el reto será equilibrar la importancia del turismo con la obligación de garantizar un mercado inmobiliario justo y regulado.  

La investigación y la sanción reflejan un cambio de rumbo en la política de consumo: las grandes plataformas digitales deberán asumir responsabilidades plenas en el cumplimiento de la normativa española.  

Con información de EFE