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El incumplimiento de la pensión alimenticia y la falta de corresponsabilidad emocional tras el divorcio en España tienen raíces culturales y socioeconómicas profundas. Descubre por qué este problema persiste y cómo afecta a las familias monoparentales
Actualidad Andy Aguilar
En España avanza la corresponsabilidad parental, pero tras la ruptura de pareja persisten dos grietas: el incumplimiento económico (impago de pensión alimenticia) y la desvinculación emocional de algunos padres. Los últimos datos del INE muestran un auge de la custodia compartida (49,7% en 2024), pero también un aumento de divorcios; mientras, la actualización de las pensiones por IPC (≈3,1% para 2025) convive con dificultades reales de cobro y ejecución.
El aumento de la custodia compartida (49,7% en 2024) coexiste con impagos de pensión alimenticia y falta de corresponsabilidad emocional tras el divorcio en España. Explicamos las raíces culturales, el impacto de la precariedad, cómo se actualiza la pensión por IPC y qué consecuencias legales afronta el impago.
El modelo biparental sigue siendo mayoritario y en muchos hogares crece la implicación paterna gracias a permisos de paternidad iguales e intransferibles y políticas de conciliación. Aun así, la ruptura de la pareja saca a la luz un problema persistente: el incumplimiento económico y emocional de una parte de los padres, cuyos efectos recaen desproporcionadamente en las madres.
En 2024 se registraron 86.595 separaciones y divorcios (+8,2% interanual) y la custodia compartida alcanzó el 49,7% de los casos con hijos, su máximo histórico. Estos datos reflejan un cambio cultural hacia la corresponsabilidad, pero no eliminan los impagos ni la sobrecarga del día a día cuando no se cumple.
Las familias monomarentales —a menudo resultado de la ruptura o de la maternidad en solitario— soportan mayor riesgo de pobreza y exclusión, por la combinación de empleo más precario, jornadas parciales y carga total de cuidados. Aunque pueda existir régimen de visitas o una pensión reconocida, la madre suele ser la figura principal y la responsable última del cuidado cotidiano, lo que profundiza la feminización de la pobreza. Esta realidad social convive con la extendida percepción de que “abandonar” responsabilidades sigue saliendo barato para quien incumple.
La pensión alimenticia es un derecho de los hijos: cubre alimentación, vivienda, ropa, educación y sanidad, entre otros gastos esenciales. Su cuantía depende de ingresos de los progenitores y necesidades del menor, apoyándose en tablas orientativas que usan muchos juzgados como referencia, aunque no son obligatorias. De acuerdo con informa ción pública de Aguados Abogados y Bufete Toro, en 2025, esas tablas siguen utilizándose como guía práctica en los procesos de familia.
Actualización por IPC. La mayoría de sentencias o convenios incluyen una cláusula de actualización anual por IPC para evitar que la inflación erosione el poder adquisitivo de la pensión. Para 2025, la referencia interanual empleada por los juzgados se sitúa alrededor del 3,1%, de modo que, por ejemplo, una pensión de 400 € pasa a ≈412,40 €. Si la sentencia no recoge una cláusula de actualización, suele ser necesario instar modificación o ejecución.
El avance de la custodia compartida no elimina por sí mismo la pensión de alimentos. La jurisprudencia mantiene que la contribución debe ser proporcional a los ingresos y a las necesidades: si existe desigualdad económica, puede fijarse pensión a cargo del progenitor con más recursos, incluso con tiempos de convivencia similares. Esto desplaza el foco desde la “custodia” hacia la corresponsabilidad parental como principio rector, según información pública de Navarro Prietos Abogados y Europa Press.
La manifestación más clara de irresponsabilidad económica es el impago de pensión alimenticia pese a existir sentencia. La vía de respuesta incluye ejecuciones (embargo de salarios, cuentas o devoluciones tributarias) y, en supuestos graves, responsabilidad penal conforme a la normativa vigente. En la práctica, muchas madres describen procesos lentos y frustrantes, lo que reduce el efecto disuasorio y cronifica la vulnerabilidad económica.
Más allá de la “mala voluntad” individual, confluyen factores culturales y psicosociales que explican la falta de corresponsabilidad emocional y el incumplimiento económico:
No se puede afirmar que la mayoría de los padres incumpla: el modelo biparental funcional sigue siendo predominante y la custodia compartida es ya casi la mitad de los casos. Pero el desafío sigue en la aplicación real: hacer efectivas las obligaciones económicas, agilizar la ejecución, y cambiar patrones culturales para que la corresponsabilidad parental sea el estándar también después del divorcio.

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