Inclusión y protección: La Tarjeta Europea que confiere beneficios a personas con discapacidad

La Comisión Europea, entre sus múltiples propósitos, procura la igualdad, equidad, el buen trato y la defensa de los derechos de sus ciudadanos, como también de los extranjeros que se ubiquen en los países miembros. 

Es por ello, que siempre se encuentra en estudio de la situación del continente y aboga por la inclusión de aquellos menos favorecidos, como las personas con alguna discapacidad motora, neurológica, congénita o conductual. 

La Comisión y el Parlamento Europea, desde mediados del 2010, se encuentran en plenarias para el planteamiento de un medio que les permita acceder a un trato preferencial, resultando desde finales del 2023 la Tarjeta Europea de Discapacidad es la opción más tangible para la defensa de los derechos de estas personas vulnerables. 

Origen de la iniciativa

La idea de implementar una tarjeta de discapacidad dentro de la Unión Europea tiene sus inicios en el plan piloto que asumieron ocho países miembros: Eslovenia, Chipre, Italia, Malta, Bélgica, Rumania, Finlandia y Estonia, como parte del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía periodo 2014-2020. 

Como todo programa, su implementación contempló un estudio macro, a fin de evaluar las posibilidades de extender la estrategia a demás miembros, en pro de enaltecer los derechos preferenciales que corresponden a las personas con discapacidad. 

Durante dicho periodo, la Comisión pudo constatar que los países miembros emitían a sus ciudadanos con discapacidad, tarjetas nacionales que no contaban con validez extraterritorial. 

En este sentido, se hacía menesteroso implementar un mecanismo que asegurara la movilización, acceso ytrato preferencial que las personas con neurodiversidad merecen, siendo necesario crear una tarjeta de movilidad única y cuya validez opere en todos los países miembros de la UE. 

Es por ello, que en el primer semestre del año 2023 se realizó una consulta popular, donde más de 5.000 personas participaron, aprobando la imposición de una tarjeta de discapacidad general. Acorde a dicha encuesta, la Comisión logró recabar los siguientes resultados: 

• Al no contar las tarjetas nacionales de discapacidad, con reconocimiento en otros países miembros, la mayoría de ciudadanos se encuentran limitados para movilizarse dentro de estos territorios. 

• Las personas que no son residentes y tiene una incapacidad, no tienen acceso a un trato preferencial. 

• No existe conocimiento generalizado sobre el trato preferencial que se le debe conferir a las personas con discapacidad. 

• La mayoría de encuestados considera que es una necesidad inminente la implementación de una tarjeta de discapacidad, que sea reconocida por todos los países miembros de la UE. 

• Los encuestados indicaron que la tarjeta, en mención, debe comprender el trato preferencial, en materia de movilización, aparcamiento y acceso a eventos culturales. 

Acorde a estos antecedentes, la Unión Europea dio respuesta a las necesidades sociales de los sectores vulnerables, en el marco de la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030, donde se discutió sobre la implementación de una Tarjeta de Discapacidad Europea, que fue aprobada para finales del 2023.

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Foto: Pixabay

UE reconoce la discapacidad en toda Europa

La mayoría de los beneficiados consideran que la implementación de las tarjetas de discapacidad se corresponden con una necesidad social, tangible y evidente: las personas discapacitadas merecen un trato preferencial y mecanismos efectivos que les permitan movilizarse por toda Europa sin problemas. 

Por esta razón, la Comisión Europea y el Parlamento, a partir de febrero del presente año, implementaron dos tarjetas: la tarjeta de discapacidad y la tarjeta de estacionamiento, que confieren a todos los ciudadanos con neurodiversidad el trato preferente dentro y fuera de su país de origen. 

El propósito principal de estas tarjetas es establecer la condición vulnerable de la persona, que la hace acreedora de accesos más fáciles a las infraestructuras, descuentos para eventos, facilidades para movilizarse en los distintos medios de transporte y atención prioritaria.

Foto: Anaterate

Por otra parte, el 8 de febrero del presente año, tanto el Parlamento como la Comisión Europea establecieron la directiva donde se regula todo lo concerniente a las tarjetas para discapacitados, en este sentido, se comprende: 

1. La Tarjeta Europea de Discapacidad se establece con el propósito de que su portador sea reconocido como persona con discapacidad por las autoridades nacionales y extranjeras (de los demás países miembros de la UE). 

2. La Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad se confiere a aquellas personas en cuya condición requieren facilidades para el acceso a las instancias y preferencia en los aparcamientos. 

3. Ambas tarjetas contarán con un formato estándar, aprobado por la Unión Europea. 

4. Es responsabilidad de cada autoridad nacional emitir las tarjetas a los ciudadanos en condición de discapacidad. 

5. Las tarjetas contarán con un formato físico y virtual. Además, para evitar cualquier riesgo de fraude o evasión, estas deberán ser comprobadas por medio de un sistema de QR. 

6. La Tarjeta Europea de Estacionamiento debe portarse en la parte delantera del vehículo en un lugar visible, para que así los demás puedan apreciarla y prestar el trato preferente.

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7. Existen distintos niveles de discapacidad, es por ello que aquellas personas cuya condición sea demostrada que ameritan de asistencia personal, la Tarjeta Europea de Discapacidad contará con una letra A signada en el frente. 

Por medio de esta, se hace del conocimiento que dicha persona requiere de apoyo para movilizarse, o poder ser atendido ante cualquier instancia. 

8. Las tarjetas de discapacidad confieren múltiples beneficios, como es el acceso gratuito a los medios de transportes públicos, sitios de eventos culturales, deportivos y de recreación. 

9. Tratándose de una medida adoptada por el Parlamento y la Comisión Europea, la misma es de carácter obligatorio para los países miembros, estos disponen de un lapso perentorio de 30 meses para adaptar sus leyes nacionales a estas nuevas normativas. 

Así como, para establecer todos los mecanismos necesarios que hagan efectiva la imposición de dichas tarjetas y aseguren el respeto de los derechos conferidos, por medio de estas, a sus titulares.