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Respetar los derechos y necesidades de cada individuo permite que las sociedades continúen creciendo, por ello profesionales y gobernantes trabajan a la par para crear normativas, leyes, organizaciones y espacios que procuren alcanzar estos objetivos sin importar el género, identidad sexual, condición social o económica
Valentina RodríguezA medida que la sociedad avanza, debe adaptarse adecuadamente a lo que cada individuo exige por sus derechos y sus requerimientos, siendo una labor ardua que debe realizarse cada año para mantener no solo seguros a sus ciudadanos, sino también procurar su bienestar en cualquier sentido.
Respetar los derechos y necesidades de cada individuo permite que las sociedades continúen creciendo, por ello profesionales y gobernantes trabajan a la par para crear normativas, leyes, organizaciones y espacios que procuren alcanzar estos objetivos sin importar el género, identidad sexual, condición social o económica, etnia y religión de cualquier individuo.
Así es como, a partir de estas acciones, de una u otra forma, el país progresa positivamente para alcanzar una mayor satisfacción y validación de los derechos humanos para todos por igual. Aún más en la actualidad, donde se visualizan casos de discriminación, odio y rechazo por el cual agrupaciones como LGBTI han luchado continuamente para visibilizar y mediar.
En España este ha sido un tema de interés que ha avanzado progresivamente requiriendo de revisiones continuas y de leyes que puedan incentivar a tomar acciones positivas para dicho colectivo, donde puedan expresarse, trabajar libremente, crear un hogar y más sin sufrir ningún tipo de problemática por estas decisiones.
De momento, estas medidas fueron implementadas en el ámbito laboral buscando brindarles mayor oportunidad a que individuos de la comunidad LGTBI puedan trabajar en espacios más seguros e inclusivos, motivando a grandes y pequeñas empresas a adoptar medidas inclusivas dentro de sus políticas.
Donde, a su vez, indiquen un proceder ante los casos de violencia o acoso en contra de los individuos que integran dicha comunidad, así como acciones que prevengan estos casos.
El gobierno español ha estado trabajando desde el 2023 con organizaciones grandes y pequeñas la conocida Ley Trans o “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, la cual motivaba a estas a integrar dentro de 12 meses herramientas, recursos o normativas que permitiera la igualdad de oportunidades para estos individuos.
Sin embargo, aunque las intenciones han sido buenas, se ha hecho presente la ausencia de acciones para que el reglamento prometido esté listo en el menor tiempo posible, permitiendo la debida creación de medidas y su ejecución dentro de las empresas antes de la fecha límite de aplicación.
Foto: Anastasiia Chepinska
Asimismo, tal como se desean aplicar estas medidas, se aplicarán sanciones para las empresas como para todos aquellos que infrinjan las normativas que sean creadas dentro de las mismas, clasificándose en: leve, grave y muy grave.
Dichas sanciones se implementaron a partir del 2 de marzo y, aunque no se cuenta con un reglamento donde se indique el proceder para todo tipo de organizaciones que hacen vida dentro del territorio nacional, se espera aplicarse en los próximos meses donde agarrará mayor peso al finiquitar el debido reglamento.
Estas sanciones serán multadas, contando con la siguiente información:
1. Leve: Contemplando multas de hasta 2.000 euros por el uso de expresiones denigrantes por su orientación o identidad sexual; negación u obstrucción a acciones investigadora de la Inspección; o causar daños a propiedades de personas LGTBI.
2. Grave: Con multas, desde 2.000 euros a 10.000 euros, por trato desfavorable al individuo por su orientación o identidad sexual; negar subvenciones; prohibición de que accedan a ayudas públicas o su contrato.
3. Muy grave: Con sanciones de hasta 150.000 euros por acciones como el acoso; discriminación; agresiones físicas, verbales o sexuales debido a denuncias realizadas; negar la asistencia a casos de discriminación; incitación a comportamientos tipificados como graves o muy graves; negar el acceso a servicios públicos; o la victimización hacia el individuo.
Incluso, en aquellas situaciones que infrinjan de grave a muy grave por un tiempo prolongado acarrea para la empresa un cierre definitivo de sus operaciones debido a no solo el incumplimiento de las normativas que se deben de establecer, sino por no tomar acciones que aboguen a la protección de derechos humanos por igual.
Foto: Tim Gouw
*Lee también: ¿Cómo afectan los despidos del Gobierno argentino a la población trans y no binaria?
Más allá de ser un manual para el proceder ante los casos discriminatorios, de odio o de cualquier tipo de abuso, es una oportunidad para todo individuo de crear espacios seguros donde se respete la individualidad, diversidad y se valore a la persona que hace parte de la empresa no solo por su buen trabajo.
De esta manera, los planes LGTBI se guiarán por los siguientes puntos para su estructuración:
1. Empresas que posean más de 50 trabajadores en su nómina. Sin embargo, esta acción también deberá ejecutarse por las empresas que posean menos de 50 trabajadores en su plantilla.
2. Dentro de la empresa se realizará una negociación con la Representación Legal de las Personas Trabajadoras de contar con esta.
3. Elaboración de un plan de acción para crear espacios seguros, exentos de discriminación con el fin de alcanzar la igualdad, además de un plan de acción efectivo ante la presencia de estos actos discriminatorios.
4. Una vez realizado, deberá registrarse por escrito el compromiso de la empresa como de sus trabajadores por hacer cumplir esta normativa en el ambiente laboral.
5. El mismo contenido deberá seguir el reglamento propuesto por el gobierno.
A la par de este ambicioso proyecto que está puesto en marcha desde el año pasado, la junta gubernamental ha sopesado la posibilidad de crear una Comisión de Seguimiento que supervise a las empresas durante la elaboración de estas normativas internas así como una supervisión a largo plazo que contemple un informe sobre los puntos de mejoras a aplicar en dicha normativa.
Por el momento solo queda esperar el reglamento que propondrá el Gobierno para que muchas de las empresas que han creado su normativa puedan amoldarla, asimismo se espera una mejoría significativa en el ámbito laboral para los individuos pertenecientes a la comunidad LGTBI, en el ejercicio de sus derechos humanos y su debido respeto así como una calidad de vida digna.
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