El Gobierno obligará por decreto a las universidades privadas a tener alojamiento para sus estudiantes

El Gobierno va a obligar por decreto a las nuevas universidades a incluir entre sus instalaciones algún tipo de solución habitacional para su estudiantado. La medida, incluída en un protocolo firmado por los ministerios de Vivienda, Economía y Universidades, afecta a todos los centros de nueva creación, pero dado que que no se abre ninguno público desde hace 25 años ni hay previsión de hacerlo, está dirigida a las privadas, que crecen como setas por todo el territorio.

La ministra de Universidades, Diana Morant, anunció que pretende implementar esta declaración de intenciones en la actualización del Real Decreto sobre creación de centros universitarios, con el que su departamento quiere endurecer las características mínimas que ha de tener una universidad para considerarse como tal.

El protocolo también contempla la construcción de soluciones habitacionales a precios asequibles para estudiantes y trabajadores universitarios en suelo público dotacional en los municipios con más problemas de alquiler.

“Las partes han alcanzado los acuerdos oportunos [para] posibilitar la adopción coordinada (...) de distintas medidas que contribuyan a lograr el equilibrio pretendido (...) garantizando que las nuevas universidades ofrezcan soluciones habitacionales para sus estudiantes como requisito necesario para su implantación”, dice el protocolo.

Al problema generalizado del acceso a la vivienda se suma la proliferación de centros privados en casi todas las comunidades autónomas, que tensiona aún más el mercado de alquiler.

Universidades líderes en enseñanza digital

Andalucía ha abierto –o está en ello– cuatro nuevas universidades privadas en un puñado de años, tres de ellas con una sede en Málaga. Extremadura va camino de lo mismo, como Madrid, donde la creación de centros va a tal ritmo que es complicado llevar la cuenta. El Instituto de Empresa se expande en Segovia a marchas forzadas. Vitoria tiene nuevo campus, como Vigo, Santiago y A Coruña y la UNIR pretende pasar parte de sus clases de virtuales a presenciales en Logroño. La lista sigue y sigue.

Con el desembarco de una universidad en una ciudad se genera un problema invisible, pero muy real: “La implantación de una universidad incide de manera directa en el mercado inmobiliario de alquiler, aumentando de manera notable y permanente la demanda de alojamiento en este régimen, alterando a menudo la dinámica preexistente, agotando la oferta e incrementando los precios”, se lee en el protocolo firmado por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Economía, Comercio y Empresa y Ciencia, Innovación y Universidades.

“El problema se ha ido agravando”

“Este es mi cuarto año en la Universidad y el problema se ha ido agravando. Hay cada vez menos pisos, cada vez más gente que busca y cada vez más caros. Ahora una habitación cuesta 400 o 500 euros, y con suerte”. Omar Lukach es el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Málaga y además de sufrir el problema en primera persona ve cómo afecta a otros. “Nos llega de todo: gente preguntando por residencias, requisitos, alternativas, buscando piso o compañeros…”.

Málaga es el perfecto ejemplo de las tensiones que sufren estudiantes y trabajadores universitarios para encontrar alojamiento. En una ciudad ya problemática para acceder a la vivienda, a la oferta de la pública UMA se han sumado en los últimos años varias escuelas de negocios y al menos tres universidades privadas: Utamed, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía.

Educación superior: desajuste entre la oferta de estudios y las necesidades del mercado laboral

Las opciones habitacionales asequibles para los estudiantes son pocas. Las residencias de estudiantes son escasas y caras, aunque suelen incluir manutención. Las hay a partir de 450 euros por habitación, pero algunas ya cobran 900 euros, exigiendo incluso el pago de todo el curso por adelantado. La Jiménez Fraud, única pública, apenas dispone de 257 plazas a las que estudiantes pueden concursar en mayo, atendiendo a un baremo inverso de renta. Su coste mensual es de 180 euros.

Hasta un 10% de la demanda

En algunos municipios la demanda del sector universitario puede suponer hasta 10% de la posible oferta de alquiler. Casi 75% del alumnado universitario estudia en una ciudad distinta a aquella en la que reside habitualmente, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Eso es un millón de personas que busca lugar de residencia, sin contar al profesorado. Es inevitable, explica Leire Iglesias, directora general del Sepes (Entidad Pública Empresarial del Suelo), del Ministerio de Vivienda, que el impacto llegue al precio de los pisos.

Lee la información completa en elDiario.es