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Algunos testimonios recabados en el estudio de Amnistía Internacional denuncian malos tratos y castigos como aislamiento o retrasos en trámites de documentación para regularizar su estatus o escolarización
Noticias AgenciasAmnistía Internacional documentó en un nuevo informe las circunstancias de la infancia migrante en Canarias, en la que los menores de edad que viajan solos sufren violencia y excesos en los centros de acogida y que la falta de coordinación entre administraciones dificulta sus posibilidades de futuro.
En el informe ‘A día de hoy no tengo nada’, al que ha tenido acceso EFE, Amnistía denuncia que el sistema de acogida está «saturado e infradotado», lo que impacta de forma negativa «en el bienestar, la adecuada protección, la atención y el respeto a los derechos de los niños y niñas», tanto en la infancia como en su transición a la vida adulta.
La organización explica que entre sus principales preocupaciones están las denuncias de extrabajadores y de los menores sobre presuntos malos tratos y la saturación en los centros de acogida.
Asimismo, señalan fallos al momento de garantizar la documentación de los menores, lo que podría dejarlos sin protección al ser mayores de edad, y en la identificación adecuada entre aquellos que tienen necesidades especiales.
Asímismo, Amnistía señala que la acogida de los menores se lleva a cabo en «macrocentros en los que no se garantiza el cumplimiento del principio del interés superior del menor» y que, además, no se lleva a cabo una «adecuada supervisión» por parte de las autoridades competentes.
Ello se suma a una descoordinación entre las administraciones que tienen las competencias para la atención de los menores migrantes no acompañados, lo que hace que no se esté «garantizando la diligencia debida en relación con la detección e identificación de los niños y niñas que llegan a Canarias para su inmediata protección, con los trámites para obtener documentación, o para garantizar que aquellos que necesitan protección internacional puedan acceder a ella».
Por último, la ONG considera que parte de la solución a estos problemas «pasa por la asunción de una responsabilidad compartida y equitativa de la Administración central y el resto de las comunidades», pero mientras esto pase, llama a revisar y mejorar los procedimientos propios y la coordinación interinstitucional.
Con base en estas conclusiones, Amnistía recomienda una serie de medidas a las distintas administraciones encargadas de la gestión de los menores migrantes, tales como dimensionar de forma adecuada los recursos para su atención; revisar la normativa y los criterios para la apertura de estos, o garantizar un sistema de inspección y control que sea adecuado, con mecanismos para canalizar las posibles denuncias de violencia contra los menores.
Algunos testimonios recabados en el estudio de campo para este informe, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2024 en seis centros de acogida de El Hierro, Gran Canaria y Tenerife, denunciaban malos tratos, entre ellos castigos excesivos como aislamiento o retrasos a la hora de cumplimentar los trámites relativos a la documentación para su regularización o escolarización.
Varios de los menores tutelados o extutelados refirieron al equipo de Amnistía haber presenciado o haber sufrido represalias por parte del personal de sus centros de acogida, como privación de comida, retirada del abono transporte o confiscación de sus teléfonos móviles o del dinero de bolsillo del que gozan, pero también amenazas con traslados a recursos conocidos por sus peores condiciones de vida.
Represalias que, según el informe, también se han extendido a trabajadores que denunciaron estos actos de violencia o excesos, y que incluso fueron castigados con perder sus empleos.
Con información de EFE
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