El déficit del PIB no incluye el impacto presupuestario de las medidas adoptadas para mitigar los daños ocasionados por la Dana, que afectó a la Comunidad Valenciana
Economía y Finanzas Agencias
El déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró 2024 en 2,8% del PIB, es decir, por debajo del 3,52% registrado en el período anterior (2023), y se situa en 44.597 millones de euros, logrando mejorar el objetivo comprometido por el Gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales europeas (3%).
No obstante, el déficit se situaría al 3,15% del PIB si se incluyera el gasto por la Dana ocurrida el pasado 29 de octubre.
La información fue dada a conocer este jueves en una rueda de prensa en la que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que los datos muestran el "saneamiento" de las cuentas públicas en un contexto internacional incierto plagado "de sobresaltos que dan más valor a los resultados que se han obtenido en España".
"España, por quinto año consecutivo, ha cumplido con su objetivo de déficit e incluso ha mejorado las previsiones que tenía planteada la propia Comisión Europea", agregó.
Con todo, el país terminó este año 2024 por debajo del umbral, algo que no sucedía desde el año 2018, según ha recordado Montero. No obstante, si se incluyera el gasto de la Dana, con un impacto de 5.590 millones, el déficit se situaría en 50.187 millones, es decir, 3,15% del PIB, lo que también supone una reducción respecto al 3,52% registrado en 2023.
Montero ha recordado que las reglas fiscales excluyen el impacto presupuestario negativo de las catástrofes naturales, como ocurrió también en el país hace más de una década, con motivo del terremoto de Lorca.
La ministra Montero considera que España tiene ahora una mayor "flexibilidad" para poder destinar esos recursos hacia otras políticas que puedan resultar importantes para el Gobierno, como es el gasto en defensa.
También ha asegurado que el Gobierno de España va a utilizar los instrumentos que se están intentando impulsar desde la Comisión Europea para elevar el gasto en defensa.
En concreto, Montero ha avanzado que la activación de la cláusula de escape será el primero que utilizará para que el gasto en defensa no se compute en términos de déficit.
"Esto puede parecer un tema técnico, pero es un tema importantísimo para garantizar que el gasto en defensa no compite con el gasto social", ha recalcado la titular de Hacienda.
En cualquier caso, la Comisión Europea está concretando el formato de esa cláusula de escape y todo parece indicar que, a finales del mes de abril, habrá una metodología para que cada país pueda aplicarla.
El déficit del 2,8% incluye el impacto negativo por sentencias judiciales, "muchas de ellas por reales decretos aprobados por el anterior Gobierno del PP", según ha denunciado Hacienda.
Estas suponen un coste de más de 11.000 millones de euros para las arcas públicas, un -0,71% del PIB. De esa cifra, 8.000 millones son 'one-offs' y solo tienen impacto negativo en 2024, no se repiten en más ejercicios.
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