Caso Begoña Gómez: Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga la causa contra Begoña Gómez, cita a declarar como investigado al delegado del Gobierno de Madrid Francisco Martín Aguirre, por su posible participación en la contratación de la asistente Gómez cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo.

El magistrado admite de forma parcial una querella interpuesta por Vox y cita para el 14 de mayo a Francisco Martín Aguirre como investigado por presunta malversación de caudales públicos relacionados con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en 2018, con respecto a la pieza separada que abrió por este nombramiento.

No obstante, Peinado no ve indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez ni de Cristina Álvarez, ambas investigadas en la causa central, como argumentaba Vox en su querella.

El pasado mes de abril, declaró como testigo, en esta pieza separada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en 2018, y al que mencionaron en sus declaraciones tanto esta investigada como quien propuso su nombramiento, el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González.

Asimismo, el juez se pronuncia sobre una querella presentada por Vox el pasado mes de enero, en ella se especifica que el actual delegado del Gobierno era en julio de 2021 secretario general de la Presidencia del Gobierno, «siendo el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez», que ejercía como asesora de Begoña Gómez.

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El juez Peinado concluye, tras exponer jurisprudencia al respecto, que «sí que procede admitir a trámite la querella respecto del querellado Francisco Martín Aguirre, por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública».

Explica que, en cambio, «no se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento (…), por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación».

Y añade que «lo mismo ha de decirse de la querellada Begoña Gómez Fernández, que sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez Rodríguez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos».

Sobre el presunto delito de tráfico de influencias, el magistrado no ve posible atribuirlo a ninguno de los tres querellados «al no conocerse quien ha podido llegar a influir, y ejercer su prevalencia moral, o intimidatoria, en la persona que ha decidido realizar el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez».

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Coordinadora del máster de Begoña Gómez

Por su parte, el juez Peinado ha ordenado a la Universidad Complutense que informe sobre la contratación de la que fue coordinadora del máster que dirigió Gómez, detallando cuál fue el proceso de selección, sus funciones y su retribución, según recoge EFE.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado solicita información a la institución académica sobre Blanca de Juan de Castro, quien ya declaró como testigo ante el juez el pasado 26 de febrero en relación con el máster que dirigió Begoña Gómez.

En concreto ordena que «a la mayor brevedad posible, y siempre dentro del plazo de diez días», la universidad informe al juzgado sobre quién contrató a Blanca de Juan de Castro, dónde tenía físicamente su puesto de trabajo, cuál fue el proceso de selección para su contratación, cuáles eran las funciones que tenía encomendadas y qué retribución tenía y con cargo a qué partida presupuestaria.

Esta trabajadora dijo durante su declaración ante el juez, según informaron fuentes presentes en su declaración, que fue coordinadora de másteres de la Complutense y que fue Begoña Gómez quien la propuso coordinar la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Reconoció que alguna vez puso en copia en sus correos a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, investigada en la causa, porque implicaban temas de agenda de la mujer del presidente del Gobierno, según las fuentes.

El juez llegó a advertirla de que incurriría en un delito de falso testimonio si faltaba a la verdad y le pidió más concreción, a lo que ella contestó que a la citada asesora sólo le preocupaban los asuntos relacionados con la agenda de Begoña Gómez, para coordinar su seguridad.

Con información de EFE