El letrado fiscalista del empresario Alberto González Amador declaró como imputado ante la jueza que indaga si este abogado podría ser cooperador necesario en los delitos que atribuye al empresario en la causa en su contra por un presunto fraude fiscal
Noticias Agencias
El abogado fiscalista del empresario Alberto González Amador ha negado ante la jueza haber cooperado en delitos fiscales, se ha desvinculado de las declaraciones ante Hacienda de su cliente y ha destacado que le conoció en 2022, cuando ya le habían abierto una inspección.
El letrado fiscalista Javier Gómez Fidalgo declaró como imputado ante la jueza que investiga a Alberto González Amador y que indaga si este abogado podría ser cooperador necesario en los delitos que atribuye al empresario en la causa en su contra por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.
En una comparecencia, Gómez Fidalgo ha explicado a todas las partes que únicamente ha representado a González Amador en lo referido a la inspección que Hacienda abrió al empresario, a quien conoció después de los ejercicios fiscales que se investigan como presunto fraude, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.
Este abogado representó a González Amador en la inspección de Hacienda que acabó en un informe sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por el empresario, que sirvió de base a la Fiscalía para presentar la denuncia por la que se inició este proceso penal.
Se trata del abogado que compró el ático situado encima del piso donde viven González Amador y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y por el que el empresario paga 5.000 euros al mes con opción a compra, según declaró el empresario ante la juez el pasado 10 de abril.
González Amador declaró ante la jueza ese día en el marco de la pieza separada de esa causa en la que la magistrada indaga en una presunta corrupción en los negocios en sus relaciones empresariales con la empresa Quirón Prevención S.L.
Negó cualquier irregularidad tanto en esos negocios como en torno al ático, y ya al día siguiente defendió, en un escrito remitido al juzgado, que la investigación por presunta corrupción en sus negocios con Quirón Prevención debería llegar a su fin, porque, asegura, no hay delito ni víctima alguna.
La causa abierta contra González Amador por presunto fraude fiscal -de la que desembocó la pieza separada conocida como ‘Quirón’- derivó a su vez en una querella del empresario contra fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos, al filtrarse datos de esa investigación, y finalmente el Tribunal Supremo acabó imputando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El empresario Alberto González Amador en su declaración ante la jueza, en la que defendió sus negocios con Quirón Prevención, además trató de desvirtuar la tesis de la Fiscalía de que pagó una comisión encubierta de 499.836 euros, según publicó EFE.
Esta fue la primera vez que González Amador ha dado explicaciones sobre la supuesta corrupción en los negocios y administración desleal en sus relaciones empresariales con la mercantil de Quirónsalud.
Según fuentes jurídicas, a la salida de su declaración González Amador se mostró «feliz y contento de lo declarado».
La comparecencia del empresario ha durado casi dos horas y media, en las que presentó una serie de documentos con los que ha intentado derribar las sospechas de que pudo pagar una comisión encubierta a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL por una empresa que, según el fiscal, carecía de valor, y de la que luego se habría servido para facturar sus servicios con el grupo.
Con información de EFE
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