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El juez Peinado adelanta la declaración de Begoña Gómez y ordena a Moncloa entregar sus correos desde 2018
Actualidad Agencias
El magistrado Juan Carlos Peinado, al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lleve a cabo un análisis detallado de los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde el mes de julio de 2018, fecha en la que se formalizó el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora. Asimismo, ha modificado la fecha de la comparecencia de Gómez como investigada.
La declaración de Begoña Gómez estaba prevista para el 11 de septiembre, ahora, el juez la ha adelantado para el martes 10 de septiembre a las 12:00 horas.
Esta decisión responde a una solicitud presentada por la defensa de Gómez, quien alegó que su abogado debía asistir ese mismo día a otro procedimiento judicial en Tenerife, representando a otro cliente.
En la providencia judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, Peinado considera que ha quedado "suficientemente acreditada la coincidencia de señalamientos", por lo que estima oportuno que la declaración de Gómez se realice el 10 de septiembre, fecha en la que también está programada la comparecencia de su asesora en calidad de investigada.
En una segunda resolución, que recoge Europa Press, el juez ha instado a la Presidencia del Gobierno a entregar copia íntegra de los correos electrónicos "recibidos y enviados" desde el 11 de julio de 2018 hasta la actualidad, correspondientes a la cuenta oficial asignada a Begoña Gómez.
Una vez verificados, dichos correos deberán ser remitidos a la UCO para su análisis técnico y posterior informe dirigido al juzgado.
Asimismo, el instructor ha pedido a Presidencia que "indique el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018, fecha del nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual para ocupar el puesto de directora de programas P.G. del Gabinete de Presidencia del Gobierno".
De igual forma, el juez ha solicitado que informe quiénes "han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha".
Aunque Peinado ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, hasta el pasado 18 de agosto no había imputado dicho delito a Gómez.
Solo estaba investigado por su presunta participación en estos hechos el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ejerció como secretario general de la Presidencia en julio de 2021 y en su declaración como imputado --en mayo-- se desvinculó del nombramiento.
Hasta entonces, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios --como el investigado Juan Carlos Barrabés-- que se presentaban a licitaciones públicas.
No obstante, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de Begoña Gómez.
Con información de Europa Press

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