Sobre la incautación del avión, que fue trasladado a territorio estadounidense, tras determinar que su adquisición violó leyes de control de exportaciones y sanciones, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado dijo que: “EEUU hace cumplir sus sanciones, y siempre vamos a hacer cumplir nuestras sanciones”
Venezuela Sala de redacción
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la orden de arresto emitida en Venezuela contra el opositor Edmundo González por presunta incitación a la violencia, y defendió la incautación del avión del presidente Nicolás Maduro tras determinar que su adquisición violó las sanciones impuestas contra el país.
“La acción arbitraria y políticamente motivada demuestra hasta qué punto Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para tratar de mantenerse en el poder después de su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio”, dijo en conferencia de prensa Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Miller insistió en que EEUU “no es el único” que condena esta orden de arresto, citando a Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, como otros países que han condenado la acción.
Sobre la incautación del avión, que fue trasladado a territorio estadounidense el lunes, tras determinar que su adquisición violó leyes de control de exportaciones y sanciones, Miller agregó que: “Estados Unidos hace cumplir sus sanciones, y siempre vamos a hacer cumplir nuestras sanciones”.
“(Estas son) las consecuencias que Maduro debe seguir sintiendo por sus acciones antidemocráticas ilegítimas y represivas… Hemos impuesto sanciones a Maduro y a su régimen por sus acciones antidemocráticas, que son mucho anteriores a su más reciente acción antidemocrática, y seguiremos aplicando esas sanciones”, agregó.
La cancillería de Venezuela calificó la incautación como una “práctica criminal reincidente” y aseguró que EEUU amedrenta y presiona a países como República Dominicana para que sirvan de “cómplices en sus actos delictivos”.
El Departamento de Estado insistió en que le “ha pedido” a Maduro que “deje de reprimir a los disidentes, que publique las actas reales, lo que todavía no ha hecho, y que haga que Venezuela vuelva a su camino democrático”. Sin embargo, según dijeron, no han visto “voluntad” del gobierno oficialista de hacerlo.
“Por eso, en coordinación con nuestros socios, estamos considerando una serie de opciones para demostrarle a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias”, concluyó Miller.
Este lunes, justicia venezolana afecta al gobierno de Nicolás Maduro emitió una orden de captura contra el excandidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, en medio de una investigación fiscal por la divulgación de las actas de las elecciones del 28 de julio.
La fiscalía investiga al embajador retirado, de 75 años, por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación”.
González Urrutia fue citado en tres ocasiones por el MP, pero no asistió argumentando que no cuenta garantías y que el fiscal general “se ha comportado reiteradamente como un acusador político” que “condena por anticipado”. Ante ello la fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra el excandidato, que fue rápidamente emitida.
No obstante, el abogado Alí Daniels, abogado, defensor de DDHH y codirector de la ONG Acceso a la Justicia explica al medio local TalCual que «no existe el delito de ‘sabotaje a daños de sistemas’ porque mal podría ser delito ‘sabotear un daño'». Explicó que la Ley de Delitos Informáticos señala como delito la «interceptación de datos informáticos», cuando «intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas».
De la misma manera, Daniels agrega que el delito de «asociación» no existe, pues la ley sostiene que esta se refiere a quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada.
Con información de VOA/TalCual
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