El juez rechaza la petición del fiscal general de aplazar su declaración como investigado

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado rechazó la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de posponer su declaración como investigado, por lo que mantiene su comparecencia de este miércoles, día 29.

La Abogacía del Estado había pedido al magistrado suspender la citación como investigado del fiscal general del Estado hasta practicar una serie de diligencias, como la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o la intervención del móvil del jefe de gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez, diligencias todas ellas que el juez ha rechazado.

Hurtado rechaza por «innecesaria» la declaración de González Amador, de quien dice que «se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.

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Añade que «no deja de sorprender que sea interesada por la defensa, cuando la práctica de todos los días nos viene enseñando que lo habitual es que el testimonio de quien comparece en el proceso como acusación más que favorecer venga a resultar perjudicial para el acusado».

Tampoco accede a la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, que sostuvo que no facilitó a los periodistas el correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto informa al letrado de la denuncia y de la posibilidad de pacto hasta las 22:21 horas del 13 de marzo, cuando ya estaba publicada la noticia de 'El Mundo', pese a que varios testigos han señalado que trasladó esta información mucho antes.

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Sin embargo, el instructor explica que Rodríguez manifestó que no conocía el correo clave que es el del 2 de febrero, que el fiscal Julián Salto se intercambió con el letrado de González Amador, en el que reconocía la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021» y que es de donde se debe partir, porque es el correo que se investiga, y no el del día 12.

«Las diligencias solicitadas no las considero necesarias, por cuanto que no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando este circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia», explica.

Añade que este tercero, «más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador», para que aparezca en determinados medios y ámbitos que «González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva».

Con información de EFE