El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha subrayado que la confianza de Junts hacia Sánchez sigue «absolutamente deteriorada», pero ha decidido atender la petición de retirar la proposición sobre cuestión de confianza
Noticias Agencias
La dirección de JxCat ha decidido este lunes retirar la proposición no de ley que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, para así dar «tiempo» al Ejecutivo central a «materializar» los acuerdos pendientes.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general de JxCat, Jordi Turull, al término de la reunión en la que la cúpula del partido ha acordado aceptar la petición del verificador internacional presente en los encuentros entre PSOE y Junts en Suiza, Francisco Galindo Vélez, de retirar la proposición sobre cuestión de confianza, que debía debatirse este martes en el Congreso.
Turull ha subrayado que la confianza de Junts hacia Sánchez sigue «absolutamente deteriorada», pero ha decidido atender la petición de Galindo, en un «último esfuerzo para evitar la ruptura» y para «dar tiempo» a que el Gobierno «materialice» los acuerdos aún pendientes de cumplir.
En un comunicado emitido el sábado desde Colombia y conocido el domingo en España, el mediador asegura que es «un hecho real» que todavía no se han materializado algunos de los puntos del acuerdo entre el PSOE y Junts, pero pide al partido de Carles Puigdemont que considere retirar la propuesta de la cuestión de confianza «ante el escenario que se abre en las próximas semanas en relación con los temas más sensibles que se han estado trabajando hasta la fecha».
«Una ruptura del espacio significaría un retroceso difícil de superar que frenaría estos avances», afirma Galindo Vélez.
Ante dicha petición, el propio secretario general de Junts, Jordi Turull, pidió ayer domingo a los dirigentes de la formación que evitaran pronunciarse sobre el mensaje del mediador, ya que requiere de un «debate riguroso» que tendrá lugar en la reunión de la ejecutiva de hoy.
Por otro lado, el Govern y el Ejecutivo central mantienen este lunes reuniones de dos comisiones bilaterales, en las que abordarán temas como qué fórmulas usar para materializar las inversiones estatales en Cataluña.
La Generalitat y el Gobierno formalizarán una veintena de acuerdos, entre ellos la luz verde definitiva para que Cataluña cuente con hasta 25.000 agentes de Mossos d’Esquadra en 2030, la concreción del pacto que debe equiparar el número de jueces en Cataluña a la media española y un primer paso para crear un consorcio de inversiones.
Así lo han indicado fuentes del gobierno catalán, antes de que el Palau de la Generalitat sea escenario este lunes de las reuniones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y de la Comisión Mixta de Transferencias, presididas por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en las que se oficializarán estos acuerdos.
El presidente catalán, Salvador Illa, ha recibido este mediodía al ministro, mientras que Dalmau se ha reunido desde las 08:30 horas con representantes de los grupos parlamentarios catalanes y, a las 09:30 horas, con agentes económicos y sociales y miembros de entidades municipalistas para exponerles los contenidos de los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Con los acuerdos que se formalizarán este lunes, ambos gobiernos quieren certificar la nueva etapa de colaboración entre ambas instituciones tras el proceso independentista.
Dos de los acuerdos hacen referencia a cuestiones que Illa había situado como «prioritarias» desde el inicio de la legislatura en materia de seguridad y contra la multirreincidencia: el incremento de agentes de los Mossos d’Esquadra hasta llegar a 25.000 efectivos en 2030 y un plan de choque para aumentar el número de jueces en Cataluña y que, como mínimo, se equipare a la media española.
Además, la Comisión Bilateral acordará el primer paso para impulsar un «consorcio de inversiones», recogido en los acuerdos de investidura y que debe servir para acelerar las inversiones del Estado en Cataluña.
Con información de EFE
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