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Entre las medidas que aprobará el Ejecutivo sobre los nuevos criterios para creación de las universidades está garantizar la solidez económica de la institución que y que oferte un 10% de plazas de alojamiento universitario
Noticias AgenciasEl Gobierno aprobará este martes una ley que busca endurecer los criterios de creación de nuevas universidades, a fin de que los informes que deben emitir agencias como la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y los de evaluación autonómicas sean vinculantes y preceptivos. Asimismo, se debe garantizar un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha dado a conocer durante un acto de ‘En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social’, que se ha llevado a cabo en la sede de Escuelas Pías de la UNED ( Universidad Nacional de Educación a Distancia).
Sánchez ha asegurado que se reforzará y doblarán los títulos que emite esta universidad pública para competir con las privadas.
El Consejo de Ministros aprobará este martes tramitar por urgencia la reforma del real decreto de 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
Entre las medidas que aprobará el Ejecutivo sobre los nuevos criterios de creación de las universidades también está garantizar la solidez económica de la institución o empresa que crea el centro y que oferte un 10% de plazas de alojamiento universitario.
«Reforzar las exigencias para garantizar que las universidades tengan proyectos de calidad…No pueden ser una máquina expendedora de títulos. Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria», ha dicho Sánchez.
El Presidente del Gobierno también recordó que en la Comunidad de Madrid se ha «puesto en marcha» un modelo de recortes desde el 2016 y avisar que las universidades de Andalucía llevan 6 años con su presupuesto congelado.
«El método es el siguiente, primero recortan recursos (de la universidad pública) para minar su funcionamiento, luego se cuestiona sus servicios y su calidad, y cuando el deterioro es evidente, privatizan, y la presentan como la única salida», ha señalado el presidente del Gobierno.
En este sentido la actualización del decreto de 2021 contemplará que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) -donde está el Ministerio y las comunidades autónomas- así como los que emite la ANECA y las agencias autonómicas equivalentes en las comunidades autónomas sean vinculantes.
«Garantizando así un control riguroso e independiente», ha dicho.
El Gobierno también adoptará en los próximos días un plan financiero plurianual de relanzamiento de la UNED, con 30 millones de euros el primer año, lo que supone un 35% más de aportación del Estado.
El objetivo es «renovar sus capacidades digitales» y adaptarse a las tecnologías «más punteras».
Se ampliarán en 5.000 plazas los grados y másteres habilitantes, como el Máster de Formación de Profesorado o el de Psicología General Sanitaria y se duplicará la oferta actual, «para que nadie tenga que pagar una fortuna en la privada por ejercer una profesión regulada».
Además se crearán 2.000 nuevas plazas vinculadas a grados y másteres en títulos de alta demanda, como Educación o Comunicación, así como en nuevas titulaciones que responden a las demandas del mercado laboral, como el Grado de Inteligencia Artificial, el de Neurociencias o el de Neutrónica Computacional.
«Queremos que la UNED sea la universidad de referencia en España en enseñanza virtual pública y de calidad. Apoyamos la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de aquellos centros privados que priman sin rigor ni escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel», ha incidido Sánchez.
En los últimos meses los rectores de las seis universidades públicas madrileñas y de varias comunidades autónomas, como la andaluza, criticaron la infrafinanciación a la que les someten sus gobiernos autonómicos y reclamaban un modelo plurianual que asegure su sostenibilidad.
Con información de EFE
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