Dos organizaciones ecologistas demandan a España por “no investigar” a barcos sospechosos de pesca ilegal

Dos grandes organizaciones ecologistas internacionales ClientEarth y Oceana han demandado a las autoridades de España por “no investigar ni sancionar” a barcos españoles sospechosos de pesca ilegal en África Occidental.

“Las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa”, han explicado.

La demanda ha sido presentada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Madrid, en la que se señalan dos prácticas que podrían ser indicios de estas actividades ‘fantasma’: buques en la zona que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) y empresas españolas que operan con buques sin bandera.

En el primer caso, aseguran que han detectado, mediante un análisis de Global Fishing Watch, que hay o ha habido casos de buques en las zonas de Senegal o Guinea Bissau que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) durante períodos prolongados, lo que “supone una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE)”.

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“Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose ‘a oscuras’ durante períodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude”, ha afirmado el abogado de ClientEarth, Nils Courcy.

Prosigue, “hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos, pero se han negado a hacerlo”, agrega, quien además asegura que acuden a los tribunales para “exigir que cumplan sus obligaciones legales”.

“Existe la obligación legal de mantenerlo encendido constantemente. La explicación a grandes rasgos que da la Secretaría General de Pesca es que esos sistemas no importan tanto, porque ellos controlan que la embarcación no cometa ilegalidades por otro sistema satélite que se llama VMS. Sin embargo, mientras el AIS es una señal pública, el VMS es una herramienta de los estados, y es algo cerrado”, desarrolla el asesor político de Oceana en Europa, Ignacio Fresco.

Para la organización es una cuestión de transparencia: “Es decir: vale, me puedo fiar de ti, administración española, pero si otro país quiere acceder a los datos de tu barco, no puede, porque está apagando este sistema. Te tienen que pedir a ti los datos VMS”, asegura.

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En el segundo caso, denuncian que existen empresas españolas que operan en estas zonas con buques sin bandera, o que faenan bajo banderas de países africanos fuera del control de las organizaciones internacionales para eludir controles europeos.

“Allí había embarcaciones que en la teoría eran senegalesas, pero que, en realidad, se trataba de sucursales de empresas españolas. Quienes se benefician de esas embarcaciones son empresas españolas que crean una sociedad pantalla en estos países para aprovecharse, por un lado, de impuestos más bajos, y por otro, de menos control”, sostiene Fresco.

El Ministerio de Agricutura y Pesca no se ha pronunciado sobre las cuestiones demandadas por las ONG.

Freco habla en pasado porque, en el caso específico de Senegal, el acuerdo que permitía la pesca de buques europeos en aguas senegalesas finalizó el año pasado, pero la demanda alude a datos de lo que, supuestamente, estaba ocurriendo en esas aguas antes de su disolución.

Las ONG han identificado irregularidades de AIS en ocho buques de bandera española, y muchos indicios de posibles actividades ilegales de tres buques con bandera senegalesa, pero de propiedad de ciudadanos españoles, entre 2020 y 2023. 

Con información de El Diario.es