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La jueza que investiga la gestión de la Dana, ha rechazado, por ahora, elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia valenciano para la posible imputación como investigado del president de la Generalitat, Carlos Mazón
Actualidad Agencias
La comisión de investigación de la Dana, reunida este lunes en Les Corts Valencianes para tratar las causas de las inundaciones del pasado 29 de octubre, ha aprobado el plan de trabajo propuesto por el PP y Vox, con el voto en contra del PSPV y Compromís al considerarlo una «burla» para mantener al president, Carlos Mazón, al que ven un «zombi político».
Este plan de trabajo del PP y Vox, que ven «serio y riguroso» y con unos plazos «ágiles», contempla citar a 85 personas, entre ellas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Carlos Mazón.
Asimismo, se contempla la comparecencia de los ministros Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, María Jesús Montero y José Manuel Albares; de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, y de los dos imputados en la causa instruida por el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la Dana, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
También considera citar a los miembros del anterior gobierno del Botànic en la Generalitat, entre ellos el expresident socialista Ximo Puig, y a los exconsellers Arcadi España y Rebeca Torró y a 17 alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por la Dana, como la de València, María José Catalá.
Del Gobierno central se citará, entre otros, al comisionado para la reconstrucción, José María Ángel, a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; también a representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME); al jefe de climatología en la Comunitat de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, junto con sociedad civil y expertos.
En cuanto a la documentación, el plan recoge un total de 127 peticiones de documentación: 50 de ellas al Gobierno de España, 30 a la CHJ, 27 a la Generalitat, 7 a la Delegación del Gobierno, 5 a Aemet y 3 a la Diputación de Valencia, e informes a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a Adif y Renfe, Iberdrola, al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) para que evalúe los daños y a la Universitat Politècnica de València (UPV).
La mesa de la comisión establece un plazo de 20 días hábiles para remitir la información y documentación solicitada y contempla incorporar peticiones adicionales de comparecientes o de documentación o renunciar a ya solicitadas según el desarrollo de los trabajos.
El plazo de duración de los trabajos será de doce meses «sin perjuicio de que se pueda ampliar como consecuencia de los trabajos de la comisión», y el informe final será debatido y votado por el pleno de Les Corts.
Por su parte, la jueza que investiga la gestión de la Dana ha vuelto a rechazar la imputación en la causa de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, dado que la protección civil es competencia autonómica y «la patente inactividad» se produjo en el ámbito autonómico.
En un auto dictado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, la titular de Instrucción 3 de Catarroja reitera que la declaración de emergencia nacional «ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración autonómica valenciana, de la que formaban parte» los dos únicos investigados hasta ahora en esta causa: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Además, la jueza ha rechazado, por ahora, elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia valenciano para la posible imputación como investigado del president de la Generalitat, Carlos Mazón.
En el auto, la magistrada rechaza «en el presente momento», al no estar agotada la fase de instrucción, la petición realizada por una acusación particular sobre dar traslado de las actuaciones al TSJCV, que sería el órgano competente para investigar y juzgar a Mazón por su condición de aforado.
Además recuerda que se le ha dado a Mazón la posibilidad de declarar de forma voluntaria como investigado, a la vista de las denuncias y querellas formuladas contra él.
Con información de EFE

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