El mismo día del registro a la casa del exministro José Luis Ábalos, la UCO registró, por orden del Tribunal Supremo, la sede de varias empresas constructoras en Granada, Valencia, Vizcaya y Navarra, y el domicilio de varios empresarios que aparecen implicados en el último informe policial
Actualidad Agencias
La Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil descubrió el pasado martes, durante el registro a la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia, que una mujer que le acompañaba ocultó en su pantalón un disco duro, momento en el que una agente la cacheó e intervino el dispositivo.
De acuerdo con el acta al que ha tenido acceso EFE, el disco duro fue uno de lo 34 dispositivos, que incluyen dos teléfonos móviles, discos duros externos, memorias USB y SD y tarjetas SIM, que se incautaron los agentes de la UCO el pasado día 10 en el domicilio del también exdirigente socialista.
En el acta, la UCO explica la situación que vivieron durante el registro, cuando Ábalos solicitó que una mujer que le acompañaba en ese momento, Anaís D.G., saliese del domicilio para pasear al perro.
Ábalos pidió a la mujer «que se lleve algo de desayuno procediendo a ir dentro a una de las estancias de la vivienda», según indica el acta, y que antes de que ella saliese un agente vio que la mujer tenía «algo oculto en su pantalón»: un disco duro que le fue incautado.
En aquel registro, los agentes volcaron dos móviles del exministro y requisaron cinco libretas y «un conjunto documental». También registraron un bajo de Ábalos, de donde se llevaron cuatro discos duros.
Ábalos pidió al juez, dos días después del registro, que le devolvieran las memorias externas y discos duros que se le incautaron.
En un escrito al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, fechado el 12 de junio, dos días después del registro en su domicilio, Ábalos recuerda que los agentes de la UCO le indicaron que debían llevarse las memorias externas intervenidas para su volcado debido a su «excesivo peso» y que procederían a su inmediata devolución.
Para reclamar la devolución de esos dispositivos, la defensa de Ábalos esgrime el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que se refiere a que «se evitará la incautación de los soportes físicos que contengan los datos o archivos informáticos, cuando ello pueda causar un grave perjuicio a su titular o propietario y sea posible la obtención de una copia de ellos en condiciones que garanticen la autenticidad e integridad de los datos».
El mismo día, la UCO registró, por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, la sede de varias empresas constructoras en Granada, Valencia, Vizcaya y Navarra, y el domicilio de varios empresarios que aparecen implicados en el último informe policial que desencadenó estos registros.
El magistrado también solicitó que requiriesen documentación a Acciona Construcción, que les aportó en formato digital documentos sobre cinco expedientes de adjudicaciones de obra pública, que los agentes guardaron en otras tantas carpetas.
Todos estos registros, ordenados por el juez, se sustentaron en el informe de la UCO conocido la semana pasada que situó al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán como la persona que «se encargaba de gestionar el monto y los pagos» de deudas supuestamente contraídas por Acciona con Ábalos y su exasesor Koldo García «por presuntas adjudicaciones fraudulentas».
Con información de EFE
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