
Contraloría de Venezuela inhabilitó a cinco opositores para ejercer cargos de elecciones populares
A pocos meses de celebrarse los comicios electorales en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha incrementado las detenciones arbitrarias y ataques contra defensores de derechos humanos, personajes de la política venezolana, comunicadores sociales, entre otros
Venezuela María QuintanaCinco opositores fueron inhabilitados para ejercer cargos de elecciones populares por la Contraloría General de Venezuela. Los inhabilitados fueron Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera, José Antonio Fernández López, Carlos Ocariz y Elías Sayegh.
Los primeros cuatros no podrán postularse a cargos públicos en los próximos 15 años, mientras que Caldera estará impedido los próximos 12 meses. Hasta el momento se desconocen los motivos de esta decisión.
El partido político Primero Justicia (PJ) está constituido por Tomás Guanipa, Carlos Ocariz y Juan Carlos Caldera. Los miembros antiguos de Fuerza Vecinal, José Antonio Fernández, Elías Sayegh, anunciaron su deseo de independencia y de un cambio nacional en el mes de noviembre del 2023, explicando su salida del partido con “profundas diferencias tanto de forma como de fondo”.
Elías Sayegh es actualmente el alcalde de un municipio del estado Miranda (El Hatillo), mientras que José Antonio Fernández, es alcalde del municipio los Salias, ubicado también en el estado Miranda.
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Según medios locales Tomás Guanipa dijo que “indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que se niegan a vivir en la miseria” y también señaló que no conocía de este tipo de norma, como había sucedido en otras ocasiones, pero que “eso no es lo que importa” actualmente.
Guanipa indicó que ninguna persona hará que se salga del camino electoral y comentó que es necesario que los venezolanos avisan a votar el 28 de julio, fecha fijada para las elecciones presidenciales en el país caribeño.
Venezuela enfrenta una severa crisis política económica y social desde hace casi una década, que derivado en la migración de al menos 7 millones de personas, según cifras de la Agencia de las Naciones Únicas para los refugiados (Acnur).
A pocos meses de los comicios electorales a celebrarse en ese país, el gobierno de Nicolás Maduro ha incrementado las detenciones arbitrarias y ataques contra defensores de derechos humanos, personajes de la política venezolana, comunicadores sociales, entre otros, según información de diversos medios de ese país.


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