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Según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024 del Consejo General de Economistas de España, más de la mitad de las comunidades autónomas han aprobado rebajas en el IRPF en los dos últimos años para contrarrestar el efecto de la inflación
Noticias AgenciasLa mitad de las comunidades han aprobado rebajas fiscales en el IRPF y la mayoría han establecido deducciones o bonificaciones en distintos tributos, en un ejercicio de su autonomía fiscal que, según el Gobierno, condiciona su capacidad de prestar a la ciudadanía servicios esenciales como la sanidad o la educación.
Al mismo tiempo, y mientras el sistema de financiación acumula más de 10 años sin ser renovado, las comunidades mantienen su demanda de mayor aportación del Estado para poder atender sus competencias, por lo que el Gobierno, por boca del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, les ha advertido de que “no se puede soplar y sorber a la vez”.
Esta aparente contradicción va a ser uno de los asuntos que sobrevuelen la Conferencia de Presidentes del próximo viernes, no solo en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica sino también en el de temas como la vivienda o la falta de personal sanitario, ya que estas son competencias que en buena parte dependen de los presupuestos autonómicos.
Cuando hizo esa afirmación, Carlos Cuerpo se refirió directamente a la Junta de Andalucía, a la que pidió “coherencia fiscal”, ya que no se pueden separar los gastos de los ingresos, es decir, por un lado bajar los impuestos y por otro decir que no se pueden pagar los servicios esenciales por la infrafinanciación del Estado.
Algo con lo que no están de acuerdo los gobiernos autonómicos del PP, que sostienen, como afirmaron recientemente en una jornada de trabajo los consejeros de Hacienda de Madrid, Andalucía, Extremadura, La Rioja y Cantabria, que “bajando impuestos se recauda más”, como dijo la madrileña Rocío Albert.
Según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024 del Consejo General de Economistas de España, más de la mitad de las comunidades autónomas han aprobado rebajas en el IRPF en los dos últimos años para contrarrestar el efecto de la inflación y la mayoría han establecido deducciones o bonificaciones en varios de sus tributos.
El estudio indica que Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco han rebajado sus tarifas del IRPF este año 2024 y Aragón, Extremadura, Madrid y Navarra lo han hecho con efectos 2023.
En el impuesto de patrimonio, Andalucía y Madrid dan la opción a sus ciudadanos para decidir si quieren ingresar la cuota en sus comunidades o al Estado a través del Impuesto a las grandes fortunas y Galicia ha establecido que el importe de su bonificación -50%- se minorará en la cantidad a pagar en ese nuevo tributo estatal.
Además, Aragón ha incrementado su mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros; Extremadura ha introducido una bonificación del 100%; Baleares ha elevado el mínimo exento de 700.000 euros a 3 millones, y Cantabria ha introducido una bonificación del 100% para patrimonios inferiores a 3 millones.
En el impuesto de sucesiones han establecido diversas bonificaciones en función del grado familiar Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y La Rioja y en el de donaciones lo han hecho Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón y han aprobado otras medidas Asturias y La Rioja.
El VI Informe sobre la Desigualdad en España 2024 de la Fundación Alternativas estima que en 2022 el conjunto de las comunidades recaudaron 5.719 millones de euros menos de lo que podrían haber obtenido aplicando la normativa estatal.
Esto supone 129 euros por habitante, el 0,5% del PIB y el 4,8% de sus ingresos tributarios, apunta este estudio, que constata al respecto una gran variación regional, con 10 regiones con saldo negativo y cinco con saldo positivo.
Madrid es la comunidad que, con gran diferencia, más ha reducido sus impuestos, dejando de ingresar por ello 928 euros por habitante, el 2,39% de su PIB, o el 26,1 % de sus ingresos tributarios, y a continuación destaca el caso de Baleares, debido principalmente a las operaciones inmobiliarias gravadas por el ITP a unos tipos que van desde el 8 hasta el 13 %.
Hace ahora dos años que el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, desató con su anuncio de suprimir el Impuesto de Patrimonio en su comunidad una batalla fiscal y política que se saldó con más rebajas de ámbito autonómico y la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas.
Moreno aprovechó un desayuno informativo en Madrid para anunciar una bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio con la intención de evitar la fuga de los contribuyentes que más pagan y conseguir el regreso de los que ya habían salido y la llegada de otros nuevos que acabasen incrementando la recaudación total a través del IRPF y otros impuestos, en la línea que defiende el PP de que bajando impuestos se recauda más.
La guerra había comenzado y uno de los primeros en contraatacar fue el entonces ministro de Inclusión y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que a título “personal” se mostró partidario de una mayor centralización fiscal para evitar el “despropósito” de la competencia tributaria entre comunidades, que había iniciado Madrid años antes y que, efectivamente, se extendería en las semanas siguientes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó, además, a evitar una competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas porque, cuando la periferia compite en este ámbito con Madrid, avisó, siempre pierde la periferia.
Después de que las comunidades, del PP y del PSOE, iniciaran una sucesión de anuncios de rebajas impositivas y deducciones, el colofón lo puso el Gobierno al plantear un “impuesto de solidaridad” para recaudar 1.500 millones de euros de las grandes fortunas.
Con información de EFE
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