El PSOE y Junts resaltan que con la ley que han acordado Cataluña podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país, incluida la integración lingüística
Noticias Redacción
La Generalitat de Cataluña tendrá la competencia integral de las devoluciones de extranjeros, así como de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), mientras que los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y estarán en las fronteras, en cooperación con la Policía y la Guardia Civil, según consta en la proposición de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración que han registrado este martes en el Congreso de forma conjunta el PSOE y Junts gracias al acuerdo sellado entre ambos partidos.
La proposición contempla también que Cataluña se configure como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, así como en la expedición del documento de identidad para los extranjeros (NIE).
También gestionará las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada, para lo que los Mossos estarán en frontera y actuarán siempre en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La Generalitat ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución y, en las contrataciones en origen, determinará junto a empresas y sindicatos los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras.
Por su parte, los Mossos ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
El acuerdo prevé un incremento de 1.800 policías autonómicos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes, y establece que el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega.
Según defienden el PSOE y Junts, con esta ley orgánica Cataluña podrá desarrollar un modelo propio y una política integral, ya que las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y nacional en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración.
Destacan que esta comunidad ha sido siempre un territorio que ha acogido a mucha población procedente de otros lugares y ha tenido la capacidad de integrarla en el modelo democrático de sociedad y en la «catalanidad».
Ambos partidos justifican la necesidad del traspaso en que el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Cataluña.
Unos datos que expresan, en su opinión, la trascendencia del fenómeno migratorio y que determinan la necesidad de asumir, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana -dicen-, su gestión por parte de la Generalitat y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población.
Para este supuesto, resaltan se diseñó el artículo 150.2 de la Constitución, según el cual «el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».
El PSOE y Junts resaltan que con la ley que han acordado Cataluña podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país -incluida la integración lingüística – basada en un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales que, subrayan, es condición para la cohesión social y el progreso.
La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha calificado de «mercadeo político» la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña y ha advertido de que esta medida «choca frontalmente» con el marco legal vigente.
La AUGC ha manifestado así su «preocupación y rechazo ante el acuerdo entre el PSOE y Junts» que permitirá a los Mossos D´Esquadra gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos y tener presencia en las fronteras, en cooperación con la Policía y la Guardia Civil.
«Esta medida choca frontalmente con el marco legal vigente, ya que la competencia en materia de inmigración es exclusiva del Estado y está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil», ha lamentado esta asociación en un nota de prensa.
Con información de EFE
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