El Estado compensará a las comunidades que acojan más menores de los asignados

El Estado compensará económicamente a las comunidades autónomas que acojan a más menores de los que les corresponde por población, en relación a la reubicación de menores extranjeros aprobada el martes en Consejo de Ministros.

El real decreto ley, publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE)  que entra en vigor este jueves, establece un mecanismo de traslado de los jóvenes desde comunidades de llegada con sus recursos asistenciales saturados, como es el caso de Canarias y Ceuta a otras regiones, según recoge EFE.

El texto prevé la dotación de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia que en 2025 contará con 100 millones de euros, e indica que se trasladará durante el primer año de 4.000 menores de Canarias y 400 de Ceuta.

Un fondo que, según el decreto ley, servirá para «compensar íntegramente» a las comunidades por los costes derivados de la sobreocupación causada por los menores trasladados desde otra región si estos exceden la capacidad ordinaria de su sistema de protección y tutela. 

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Qué se tiene en cuenta por sobreocupación

Pero por sobreocupación no se tendrá en cuenta lo que cada comunidad autónoma determine -en la actualidad, muchas aluden tener sus sistemas saturados por tener más menores acogidos que plazas- sino la llamada «capacidad ordinaria», calculada según lo previsto en el texto.

Para llegar a esta cifra, siempre que las comunidades no determinen otra cosa por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, hay que dividir la población total del país entre el número de menores que hay en el conjunto del territorio y, después, dividir la población de la región entre el número obtenido anteriormente.

Además, el texto establece que se recibirá esta financiación siempre que se acredite un número de plazas de acogida por encima de la media del total de las plazas existentes en el conjunto del Estado por cada 100.000 habitantes.

Según las últimas estimaciones del Gobierno, publicadas en octubre del año pasado y basadas en cifras de acogida de menores de cualquier nacionalidad, las únicas comunidades que acogían a jóvenes por encima de lo que les correspondía según su población -además de Canarias, Ceuta y Melilla- eran Cataluña (+1065), País Vasco (+498) y Navarra (+85).

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La ponderación de criterios

Otro de los detalles reflejados en el texto es la forma en que se ponderarán los criterios de reparto de los menores a las comunidades autónomas, que son los siguientes:

• Un 50% de los menores, en función la población de las comunidades.
• Un 15%, en razón inversa a la tasa de paro de las regiones de acogida, según la Encuesta de Población Activa del último cuatrimestre.
• Un 13%, según la renta disponible bruta per cápita de los hogares de las autonomías de acogida, publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
• Un 10%, en razón inversa, en función del «dimensionamiento estructural del sistema de plazas de acogida» estimado por el Ministerio de Juventud e Infancia, esto es, la diferencia de plazas existentes respecto al promedio deseable de disponer de una plaza por cada 2.500 habitantes.
• Un 6%, en proporción inversa, según el esfuerzo de la comunidad en la atención a jóvenes migrantes, entendido como el promedio de niños acogidos en los últimos seis meses y el ratio de menores por cada 100.000 habitantes de la población de la comunidad.
• Un 2%, en función de la dispersión de la población.

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El texto recoge otros dos criterios pensados para no sobrecargar ciertos territorios por sus características geográficas, en concreto las Islas Baleares y Melilla, de modo que un 2% de los jóvenes serán reubicados en territorios no insulares y otro 2%, en zonas que no sean ciudad fronteriza.

Aún no hay cifras oficiales de reparto

El Gobierno ha recalcado que el real decreto ley no contempla cifras definitivas ni simulaciones de reparto, que aún tienen que calcularse en función de los criterios establecidos.

Fuentes de la Comisión Interministerial de Inmigración han aclarado, ante la publicación en algunos medios de comunicación de cantidades concretas de distribución de los menores, que las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para comunicar y certificar el número de jóvenes que tienen ahora en sus sistemas de acogida.

Después, se decidirá la capacidad ordinaria que debe tener cada territorio, «aplicando criterios homogéneos».

Con información de EFE