La vivienda y la situación con los okupas es una de la mayores preocupaciones de lo españoles, según el CIS
Sociedad Sala de redacción
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que una de la mayores preocupaciones de lo españoles se relaciona con la vivienda y la situación con los okupas.
Debido a la problemática derivada de las okupaciones, Alquiler Seguro busca "reforzar la seguridad jurídica de los propietarios" y "fomentar un mercado del alquiler estable" a través de diez medidas para proteger las viviendas de okupas.
Asimismo, entre las medidas propuestas consideran necesario crear un registro de alquileres, agilizar los desalojos y equipar los delitos de allanamiento y usurpación.
La compañía pide revisar los criterios de empadronamiento, de manera que la inscripción en el padrón municipal no pueda generar derechos sobre la vivienda ocupada ilegalmente.
En este sentido, plantea anular la inscripción en el padrón de quienes ocupen una vivienda ilegalmente, impidiéndoles acceder a ayudas públicas o revocándolas su ya las reciben.
"El empadronamiento es una herramienta administrativa que permite acceder a servicios públicos, pero no debe ser utilizado para legitimar la ocupación ilegal", explica Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro.
"Planteamos que las administraciones tengan mecanismos de revisión y actuación inmediata para evitar que quien ocupa una vivienda de forma ilegal pueda beneficiarse de derechos derivados de esa situación", añade Sánchez.
Los constantes cambios normativos generan incertidumbre en propietarios e inquilinos. Por eso, la compañía considera que es fundamental establecer una regulación global que garantice seguridad jurídica y protección tanto a arrendadores como a arrendatarios.
Alquiler Seguro apuesta por una reforma legislativa integral que elimine la inseguridad jurídica y agilice los procedimientos en torno al alquiler y la ocupación ilegal.
"No basta con modificaciones puntuales o decretos-leyes que, por su propia naturaleza, no pueden dar una respuesta completa a un problema que requiere soluciones de amplio espectro", explica Carlos Sánchez.
La compañía considera que debe desarrollarse el Registro público de sentencias judiciales firmes de impagos, ya que este registro permitiría a los propietarios conocer si un potencial inquilino ha acumulado impagos en contratos previos, aportando mayor transparencia al mercado.
Una base de datos que integre los contratos de arrendamiento registrados, que se nutra la información que ya se aporta por los propietarios al realizar el depósito de la fianza y que este sea accesible a todas las Administraciones.
En opinión de los expertos, esto facilitaría a las administraciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la identificación de inquilinos legítimos y ocupantes ilegales.
Alquiler Seguro propone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desalojar ocupaciones en un plazo máximo de 48 a 72 horas, garantizando que los propietarios recuperen su vivienda de forma inmediata.
De esta forma, si el ocupante de la vivienda no consta en el censo de arrendamientos urbanos visto anteriormente y tampoco acredita documentalmente que tiene otro derecho legítimo a encontrarse dentro de ella, debe poder ser expulsado por la autoridad sin necesidad de más trámites.
Paralelamente, si los ocupantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deberían comunicar esta circunstancia a la Administración para que ésta asuma la responsabilidad de su realojamiento inmediato en función de las circunstancias existentes en cada caso.
Los procedimientos judiciales de desahucio deberían establecerse en una regulación procesal específica sobre esta materia y resolverse en un plazo mínimo de un mes, reduciendo la incertidumbre y el impacto económico sobre los propietarios.
Se propone que ambos delitos tengan la misma consideración legal y que las fuerzas de seguridad puedan actuar en un plazo de 48 a 72 horas para desalojar a los ocupantes ilegales con independencia de si es la vivienda habitual del propietario o no.
Para garantizar transparencia en la mediación, Alquiler Seguro propone la creación de un registro administrativo de empresas que medien en la desocupación de inmuebles ocupados ilegalmente. Este registro permitiría a la Administración controlar su actividad y exigir garantías, como la presencia de un notario en las negociaciones.
Además, podría integrarse como mecanismo obligatorio de resolución de conflictos antes de acudir a la vía judicial, asegurando mayor transparencia y seguridad jurídica para los propietarios.
Para evitar la especulación y garantizar el acceso a vivienda protegida a quienes más lo necesitan, proponen prolongar los plazos de desclasificación de las Viviendas de Protección Oficial (VPO).
"La ocupación ilegal no solo afecta a los propietarios, sino que también encarece el alquiler y genera inseguridad en el mercado. Nuestras propuestas buscan equilibrar la protección de los propietarios con soluciones habitacionales para las personas en situación de vulnerabilidad", concluye Carlos Sánchez.
Con información de El Economista
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