Conoce las diez medidas para proteger las viviendas de okupas, según expertos

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que una de la mayores preocupaciones de lo españoles se relaciona con la vivienda y la situación con los okupas.

Debido a la problemática derivada de las okupaciones, Alquiler Seguro busca "reforzar la seguridad jurídica de los propietarios" y "fomentar un mercado del alquiler estable" a través de diez medidas para proteger las viviendas de okupas. 

Asimismo, entre las medidas propuestas consideran necesario crear un registro de alquileres, agilizar los desalojos y equipar los delitos de allanamiento y usurpación.

El precio medio de la vivienda alcanza un nuevo máximo histórico

1. Revisar el padrón municipal y limitar el acceso a las ayudas públicas

La compañía pide revisar los criterios de empadronamiento, de manera que la inscripción en el padrón municipal no pueda generar derechos sobre la vivienda ocupada ilegalmente.

En este sentido, plantea anular la inscripción en el padrón de quienes ocupen una vivienda ilegalmente, impidiéndoles acceder a ayudas públicas o revocándolas su ya las reciben.

"El empadronamiento es una herramienta administrativa que permite acceder a servicios públicos, pero no debe ser utilizado para legitimar la ocupación ilegal", explica Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro.

"Planteamos que las administraciones tengan mecanismos de revisión y actuación inmediata para evitar que quien ocupa una vivienda de forma ilegal pueda beneficiarse de derechos derivados de esa situación", añade Sánchez.

España es el país más preocupado por el problema de la vivienda, según un estudio

2. Promoción de un marco jurídico claro, seguro y estable

Los constantes cambios normativos generan incertidumbre en propietarios e inquilinos. Por eso, la compañía considera que es fundamental establecer una regulación global que garantice seguridad jurídica y protección tanto a arrendadores como a arrendatarios.

3. Regulación global de la vivienda

Alquiler Seguro apuesta por una reforma legislativa integral que elimine la inseguridad jurídica y agilice los procedimientos en torno al alquiler y la ocupación ilegal.

"No basta con modificaciones puntuales o decretos-leyes que, por su propia naturaleza, no pueden dar una respuesta completa a un problema que requiere soluciones de amplio espectro", explica Carlos Sánchez.

IA inmobiliaria predice tres ciudades en las que subirá el precio de la vivienda

4. Implementar un registro de sentencias firmes de impago de rentas de alquiler

La compañía considera que debe desarrollarse el Registro público de sentencias judiciales firmes de impagos, ya que este registro permitiría a los propietarios conocer si un potencial inquilino ha acumulado impagos en contratos previos, aportando mayor transparencia al mercado.

5. Crear un censo de alquileres

Una base de datos que integre los contratos de arrendamiento registrados, que se nutra la información que ya se aporta por los propietarios al realizar el depósito de la fianza y que este sea accesible a todas las Administraciones.

En opinión de los expertos, esto facilitaría a las administraciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la identificación de inquilinos legítimos y ocupantes ilegales.

Emancipación juvenil: solo el 14,8% se logra independizar

6. Mecanismos de expulsión ágil de ocupaciones ilegales

Alquiler Seguro propone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desalojar ocupaciones en un plazo máximo de 48 a 72 horas, garantizando que los propietarios recuperen su vivienda de forma inmediata.

De esta forma, si el ocupante de la vivienda no consta en el censo de arrendamientos urbanos visto anteriormente y tampoco acredita documentalmente que tiene otro derecho legítimo a encontrarse dentro de ella, debe poder ser expulsado por la autoridad sin necesidad de más trámites.

Paralelamente, si los ocupantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deberían comunicar esta circunstancia a la Administración para que ésta asuma la responsabilidad de su realojamiento inmediato en función de las circunstancias existentes en cada caso.

Precio de la vivienda de segunda mano supera los 2.000 euros al cierre de 2024, según pisos.com

7. Agilizar los litigios civiles de desahucio por precario

Los procedimientos judiciales de desahucio deberían establecerse en una regulación procesal específica sobre esta materia y resolverse en un plazo mínimo de un mes, reduciendo la incertidumbre y el impacto económico sobre los propietarios.

8. Equiparar el tratamiento del allanamiento a la usurpación

Se propone que ambos delitos tengan la misma consideración legal y que las fuerzas de seguridad puedan actuar en un plazo de 48 a 72 horas para desalojar a los ocupantes ilegales con independencia de si es la vivienda habitual del propietario o no.

Uno de cada cinco pisos es comprado por extranjeros en España

9. Registro de empresas de mediación entre propietarios y ocupantes

Para garantizar transparencia en la mediación, Alquiler Seguro propone la creación de un registro administrativo de empresas que medien en la desocupación de inmuebles ocupados ilegalmente. Este registro permitiría a la Administración controlar su actividad y exigir garantías, como la presencia de un notario en las negociaciones.

Además, podría integrarse como mecanismo obligatorio de resolución de conflictos antes de acudir a la vía judicial, asegurando mayor transparencia y seguridad jurídica para los propietarios.

10. Aumentar los plazos de descalificación de la VPO

Para evitar la especulación y garantizar el acceso a vivienda protegida a quienes más lo necesitan, proponen prolongar los plazos de desclasificación de las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

"La ocupación ilegal no solo afecta a los propietarios, sino que también encarece el alquiler y genera inseguridad en el mercado. Nuestras propuestas buscan equilibrar la protección de los propietarios con soluciones habitacionales para las personas en situación de vulnerabilidad", concluye Carlos Sánchez.

Con información de El Economista