España prevé que la traducción de la legislación de la UE a catalán, euskera y gallego se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones
Actualidad Agencias
Los Estados miembros han aplazado la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, ante la falta de unanimidad entre los 27 por las dudas legales, financieras y políticas, dijeron a EFE diversas fuentes diplomáticas.
Una decena de países solicitaron que se retirase la votación del orden del día, como lo pidió el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, decidió aplazar la cuestión para más adelante.
Solo Dinamarca y Eslovenia aseguraron ante la prensa que habrían votado a favor de la petición española, si se hubiese sometido a votación.
No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha insistido en que el proceso hacia la oficialidad es ya "irreversible", y ha dicho que los únicos que tienen verdaderos reparos son los gobiernos de "siete" de los 27 Estados miembros de la UE.
La negativa proviene principalmente de los países nórdicos y los bálticos, que temen que se abra un precedente para que se reclame la oficialidad de otras lenguas minoritarias como el ruso o el turco.
También Francia recela, por las posibles demandas de corsos y bretones: su ministro delegado de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, dijo que su país quiere «encontrar una solución, (…) pero se tiene que hacer con consenso y con el respeto del derecho y los textos europeos».
El ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, apuntó por su parte que hay que tomarse «muy seriamente» las «dudas legales» que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.
«Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura«, apuntó Strand a su llegada al Consejo.
En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, aseguró que «Suecia y varios otros países han mostrado dudas» durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes.
También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, subrayó que «aún hay cuestiones legales y sobre los costes».
La República de Chipre, que teme que la minoría turca pueda reclamar la oficialidad de su idioma, señaló que la petición de España «es una situación diferente, pero también es importante que no cree un precedente», en palabras de la viceministra de Asuntos Europeos chipriota, Marilena Raouna.
En cambio, el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Eslovenia, Marko Stucin, dijo a su llegada a la reunión: «Si hay un voto, lo apoyaremos», como hizo también el Gobierno danés.
«Dinamarca no se opondrá para lograr un consenso sobre esta cuestión. Si hubiera un voto, votaríamos que sí«, manifestó, por contra, la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre.
En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había intensificado los contactos con sus socios europeos e hizo cambios a su propuesta inicial -de agosto de 2023- para tratar de vencer las reticencias existentes entre los 27.
Así, España prevé que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.
Se seguiría de este modo una lógica similar a la que se adoptó con el gaélico, que se convirtió en idioma oficial de la UE en 2007, dos años después de que lo solicitase Irlanda, aunque las leyes no se empezaron a traducir hasta 2015, por la falta de traductores disponibles.
Con información de EFE
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