Según los últimos datos de Eurostat, relativos a 2021, España es el cuarto país de la UE con más casos de fallecimientos por la exposición al amianto en el puesto de trabajo
Noticias Agencias
España es el cuarto país de la Unión Europea con más muertes provocadas por exposición al amianto, una situación que lleva a sindicatos y asociaciones de víctimas a reclamar al Gobierno la puesta en marcha urgente del fondo de ayuda que lleva más de dos años de retraso.
El 5 de octubre de 2022 fue aprobada por la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, que daba un plazo de 3 meses para tener un reglamento que regulara la cuantía de las indemnizaciones, las condiciones para acceder al fondo o el procedimiento para cursar las peticiones.
La semana pasada, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reunía con los sindicatos UGT y CCOO y con la Asociación Víctimas del Amianto (AVIDA) y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) para abordar este reglamento que debía estar ya hace dos años.
Este encuentro, que se produce una semana después de sindicatos y asociaciones de víctimas recibieran amparo del Defensor del Pueblo, se saldó sin avances y emplazándoles a una nueva reunión el próximo 12 de marzo.
La ministra de Inclusión se comprometió a «intensificar la escucha dentro del marco de colaboración y diálogo habitual», al tiempo que trasladó a las víctimas «el compromiso del Gobierno en avanzar en sus demandas».
Según los sindicatos, la ministra atribuyó el retraso del reglamento a que ha tenido que pedir informes a las diferentes comunidades autónomas, así como a varios ministerios, de los que aún no ha recibido todas las posiciones.
El verano de 2023 el Ministerio presentó un proyecto de reglamento que los sindicatos rechazaron porque las indemnizaciones eran muy inferiores a las que se otorgan por vía judicial y a las establecidas para otros colectivos, como las víctimas del terrorismo, del VIH o de la talidomida.
Además, criticaron que ese documento recogía que los afectados tuvieran que tributar en el IRPF por sus indemnizaciones, a diferencia de otros colectivos que no tienen que hacerlo, al tiempo que los familiares de los ya fallecidos por amianto eran excluidos de las ayudas.
Pero parece que el Gobierno estaría ahora dispuesto a aumentar las cuantías cerca del 30% y a permitir cierta retroactividad para que puedan presentarse solicitudes con cinco años de antelación a la fecha de aprobación de la Ley que regula el fondo, según señalan los sindicatos.
Pese a ello, la sensación posterior al encuentro fue «agridulce», según explica a EFE la secretaria de Seguridad Laboral de UGT, Patricia Ruiz, quien afeó al Gobierno los «dos años de bloqueo e inactividad» y reclamó para las víctimas «indemnizaciones coherentes y suficientes».
En el mismo sentido, el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, manifestó a EFE su malestar por el retraso en la tramitación, por la falta de diligencia y de compromiso y por el sentimiento de indefensión de las víctimas.
También ha habido críticas en el ámbito político, como las de la senadora del grupo vasco Nerea Ahedo, quien recordaba que hay 25 millones de euros consignados en presupuestos para el fondo desde 2022 y preguntaba por este asunto a la ministra en una reciente sesión de control. «¿Para cuándo el puñetero reglamento?», le dijo.
Según los últimos datos de Eurostat, relativos a 2021, España es el cuarto país de la UE con más casos de fallecimientos por la exposición al amianto en el puesto de trabajo, con 212 casos de un total de 2.380 en el conjunto de la Unión.
Por delante de España, se situaban Italia, con 518 casos; Alemania, con 400; y Francia, con 329.
Atendiendo al histórico, desde el año 2011 España ha registrado 2.487 muertes de trabajadores atribuidas al amianto, de un total de 32.829 de toda la UE.
El peso de España sobre la mortalidad por amianto total europea ha ido aumentando año a año, desde suponer el 7% en 2011 hasta rozar el 9% en 2021, ya que mientras que la Unión Europea ha ido disminuyendo el número de casos en los once últimos años, España ha mantenido una tendencia bastante estable.
El Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto (PIVISTEA) ha registrado que 2.697 empresas han realizado o realizan actividad laboral con amianto desde 2004 y que 70.842 trabajadores han estado o están expuestos a estas fibras, según datos proporcionados por UGT.
En 2023 se comunicaron 94 partes de enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de los que 57 fueron causados por exposición a fibras de amianto.
El amianto es un material fuerte, flexible, resistente y barato, muy utilizado en la industria, formado por fibras muy finas que permanecen en el aire por mucho tiempo y se pueden respirar. Su utilización y comercialización está prohibida desde 2002.
Su absorción desemboca en el desarrollo de enfermedades incurables, la más popular, el mesotelioma, un tipo de cáncer que se desarrolla en la capa de tejido que recubre muchos de los órganos internos, conocida como mesotelio.
Con información de EFE
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